Una de las polémicas del verano, junto con la inmigración ilegal y los incendios forestales, ha sido la aparición de indicios de crisis en el sector turístico, el principal motor de la economía española, con 2,9 millones de ocupados al cierre de 2024. Aunque las estadísticas elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) aseguran que las pernoctaciones han aumentado ligeramente en estos meses respecto a 2024, hay señales de que a la locomotora del turismo se le está acabando el combustible, como vemos a continuación.
Algunos hoteles han cerrado por falta de reservas suficientes, como en Sevilla, uno de los principales destinos de viajes. El presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) declaró a finales de julio que «este año» cerrarían cientos de restaurantes en el archipiélago debido a la caída del número de clientes. En la Costa del Sol se ha registrado una bajada de los clientes nacionales. Y las asociaciones de restauradores, desde ciudades del interior como Salamanca a otras costeras como Santander, donde la ocupación está superando el 85%, se lamentan de la poca asistencia a sus locales, incluidas las terrazas.
Una de las quejas habituales es que los turistas, en vez de acudir a los restaurantes, comen «de bocadillo» o se llevan la nevera a la playa en vez de entrar en los chiringuitos. La respuesta de los veraneantes son los precios. Una semana en hotel en Asturias o Cantabria es más cara para los españoles que una semana en Roma, Estambul o hasta Berlín.
Para comprender esta paradoja hay que tener en cuenta que los salarios de los españoles apenas han crecido. Los sueldos entre 1994 y 2024 sólo han aumentado un ridículo 2,76%, descontando la inflación, uno de los peores datos de los 38 países miembros de la OCDE. A la vez, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez presume de que 3,1 millones de personas residentes en España cobran el Ingreso Mínimo Vital; es decir, que necesitan un subsidio, obtenido de los impuestos, para malvivir.
En esta situación de empobrecimiento, el sector hotelero no ha parado de subir sus precios. De acuerdo con la Encuesta de Coyuntura Turística elaborada por el INE, el precio medio de una habitación de hotel ocupada ha pasado de 102,9 euros en julio de 2021 (mismo precio que en 2019) a costar 146,5 euros en julio pasado. Es decir, un encarecimiento superior a un 40%. Y los salarios no han subido en la misma proporción.
La separación creciente entre los ingresos de los españoles y los precios de las vacaciones influye en estancias más cortas y, sobre todo, en el retraimiento del consumo de comida en restaurantes, el gasto más sencillo de eliminar, gracias a la presencia de supermercados en todas las ciudades, incluso las de veraneo. Los turistas compran alimentos y los preparan en el apartamento o en el hotel.
Aunque los hosteleros tienen gastos crecientes, como las adaptaciones a la selva de requisitos burocráticos, muchos de ellos han orientado su negocio a los clientes de mayor poder adquisitivo, los alemanes y los británicos, que además acuden en paquetes de alojamiento con precios cerrados. Pero sus tarifas, así como las de la restauración, empiezan a dejar fuera a muchos españoles. Y éstos representan un 40% de las pernoctaciones.
El parón del sector del turismo y estas disfuncionalidades son datos que desmienten el nuevo «milagro económico» que el Gobierno de Sánchez, la Comisión Europea de Von der Leyen y The Economist nos aseguran a los españoles que estamos viviendo.
