El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, es un abogado con una sólida formación. O eso tenemos entendido. Número uno en varios cursos, pasante en el despacho Uría, letrado del Banco de España… Digamos, para abreviar, que conoce el Derecho y que sabe, porque lo sabe, que una de las premisas fundamentales del legislador es la adecuación de la acción legislativa a la interdicción de la arbitrariedad, que es la prohibición de que los poderes públicos actúen conforme a la mera voluntad de sus titulares, sin ajustarse a las normas. Dirá el señor Bolaños, y lo dice, que colar por la puerta de atrás una reforma sustancial de nuestro Estado de Derecho en forma de enmiendas a una propuesta de ley tramitada por el método de urgencia, es un acto legal y formal. Y no es cierto. Sólo lo es si es compatible con la Constitución. O sea, si esos actos y reformas están validados materialmente en relación a nuestra Carta Magna. Si no lo están, porque no lo están, se requiere el poder corrector de los jueces, que para eso están.
Así es, en síntesis, como funciona el Estado de Derecho en una democracia liberal como la española. Esto lo sabe Bolaños, número uno de la Escuela de Práctica Jurídica o algo así. Quizá, y sin quizá, no lo sepa Sánchez, que sólo es un copiaypega de tesis doctorales. Pero Bolaños, por más bobbiano que sea, por muy iuspositivista que se levante cada mañana, lo sabe.
Un Gobierno que se apoya en filoetarras debe tener mucho cuidado con las palabras que usa
Este es uno de los efectos indeseables de lo que la política puede hacer con tantas personas con una formación competente que abandonan la honradez y se abandonan a la sinvergonzonería. Este tipo de políticos representan una categoría inferior a la del simple socialista sin oficio ni formación que no miente… porque no conoce la verdad, sino que se limita a dominar el argumentario del partido que sigue al pie de la letra el plan del socialismo del siglo XXI para el control de las naciones que tanto éxito ha tenido en algunos países de la Iberosfera.
Es cierto que no es la primera vez que Bolaños muestra hasta qué punto la política ha destruido su notable formación como jurista. Quizá le recuerden de aquella vez que, recién estrenado su cargo de susurrador oficial de Sánchez en sustitución de Iván Redondo, enseñó su pulsión totalitaria como enemigo de la separación de poderes y de la independencia judicial, y dijo la siguiente bolivarianada chavista: «Todos los poderes del Estado deben ser elegidos por los ciudadanos». Aquello le valió el intento de Vox de que fuera reprobado por el Congreso. Que ojalá, pero la indecencia no sólo es unánime en el Gobierno, sino que tiene mayoría cualificada en nuestro Parlamento.
Lo que no recordamos es haberle escuchado amenazar… hasta ayer, cuando exigió la retirada de los recursos planteados ante el Constitucional ante la amenaza de «consecuencias impredecibles». En principio puede parece que no hay amenaza stricto sensu, pero como quiera que conocemos, porque son predecibles, las consecuencias beneficiosas para el Estado de Derecho y para la democracia de que el Constitucional corrija al Legislativo cuando este aprueba normas que no se ajustan a la Carta Magna, esas «consecuencias impredecibles» que dice Bolaños tienen que ser, por fuerza, perniciosas para el Tribunal Constitucional o dañinas para los partidos que han presentado los recursos.
Haría bien el ministro Bolaños en aclarar a qué se refiere con eso de «consecuencias impredecibles». Un Gobierno que se apoya en filoetarras debe elegir con mucho cuidado las palabras que usa y las amenazas que vierte. Nada puede haber impredecible en un Estado democrático de Derecho. En democracia, lo impredecible sólo es lo que llega desde fuera de la ley. Y esto también lo sabe Bolaños.
