Cada año por estas fechas, la celebración de los exámenes de la PAU-EBAU, la vieja Selectividad con un nombre nuevo, nos recuerda mejor que cualquier ley electoral o impositiva que la igualdad de los españoles es apenas una hermosa frase en la Constitución y ya.
Estos días, alumnos de 17 modelos educativos diferentes, algunos con materias suspendidas y otros no, con diferentes planes de estudios y diferentes evaluaciones, se enfrentan en fechas diferentes a 17 exámenes diferentes con diferentes criterios de corrección y hasta en idiomas diferentes. Eso sí, la nota que obtengan de la combinación de su bachillerato con la del examen de Selectividad les servirá para entrar en la facultad que elijan de toda España, constituida en distrito único universitario. Si suena absurdo es porque lo es.
Pero no es que sea absurdo hoy. Lleva siendo absurdo mucho tiempo sin que los políticos del bipartidismo hagan absolutamente nada para remediar este dislate que, ojo, no sólo es capaz de obligar a un albaceteño a estudiar Medicina en Lérida porque las plazas de la Facultad de Albacete han sido copadas por catalanes, madrileños y andaluces, sino que es incluso decisivo para el ingreso por concurso-oposición en las Fuerzas Armadas. ¿Tiene desventaja un estudiante de una autonomía con mayor nivel de exigencia frente a otro de un sistema educativo menos exigente a la hora de ingresar como funcionario de carrera en el Ejército? Si la respuesta es sí (y es sí), el sistema está corrupto y no sirve.
Incluso dejando de lado, si pudiéramos hacerlo, el asunto de la exigencia educativa y la manifiesta desigualdad, el examen de Selectividad es apenas una caricatura de lo que un día pretendió ser un prueba de madurez y un muro de contención al final de camino escolar. No hay más que ver la evolución del porcentaje de aprobados desde 1986 (cerca del 75 por ciento) a nuestros días (al borde del 95 por ciento) para entender que la autoindulgencia del sistema va en contra de la preparación global de los alumnos, mata las vocaciones, asegura una alta tasa de abandono en el primer año y, lo que quizá sea más importante, es el gran enemigo del sistema de Formación Profesional, tan necesario en España.
Item más: la pandemia que el año pasado modificó las clases y suavizó (más) los exámenes y los criterios de corrección, dio como resultado una subida sensible de las notas de corte que ya no se puede solucionar y traslada una presión excepcional a los alumnos de este año. La desigualdad es tan evidente y nuestro sistema, tan corrupto, que no es de extrañar que las universidades privadas —de las que se pronosticó su desaparición hace una veintena de años por las cifras de la natalidad—, florezcan a costa de los bolsillos de la empobrecida clase media, siempre obsesionada con dar las mayores oportunidades a sus hijos para que puedan ir a Escocia a practicar la Medicina, arquitectura a Rumanía, matemáticas con big data a California o que sean ingenieros en Oklahoma. Ya si eso, nos quedamos en España con los dudosos doctores en Economía y los hacemos presidentes del Gobierno.
Nada de todo esto, por supuesto, le importa a nuestros partidos clásicos que gobiernan las comunidades autónomas y dictan lo que debe ser aprendido. Mucho menos les importa a las formaciones nacionalistas, que sacrificarían a sus propios hijos con tal de mantener el poder que otorga tener en propiedad, y sin inspección estatal, un sistema educativo.
La reforma es inaplazable, y hasta que una mayoría de españoles no interiorice la necesidad de devolver las competencias de Educación a un Estado unitario que promueva la igualdad a la que nos obliga no sólo la Constitución, sino el sentido común, deberíamos empezar por una reforma en profundidad de la prueba de acceso a la universidad que comience por ser igual en toda España. No puede ser tan difícil. Y si es tan difícil, es que el sistema autonómico, de nuevo, está corrupto.
