Cada vez son más los indicios y las pruebas consistentes de que ha habido un fraude masivo —y organizado— en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas celebradas el pasado día 6 a favor del candidato comunista Pedro Castillo y en perjuicio de la democracia y de la única esperanza para la libertad en Perú, Keiko Fujimori. La impugnación de cerca de 1.000 actas y alrededor de 200.000 votos por diferentes motivos, desde alteraciones estadísticamente imposibles en contra de Fujimori hasta votantes bilocados y con don de la ubicuidad, debe conducir a una investigación exhaustiva y transparente que permita que la proclamación del vencedor tenga todas las garantías para beneficio de la paz y del orden social en una nación polarizada.
En este sentido, la presencia en Perú de supuestos observadores —lobos observando al rebaño, esa paradoja— de la organización liberticida del Foro de Sao Paulo, también debería formar parte de la investigación que depure las responsabilidades y elimine la sombra de la sospecha antes de proclamar a quien será el jefe de Estado de Perú durante el próximo lustro.
Es comprensible, dentro de su habitual miseria democrática, los apoyos al candidato comunista que ha recibido de presidentes, expresidentes y mandatarios iberoamericanos asociados al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla como, por ejemplo, los delincuentes Evo Morales, Rafael Correa. Dilma Rousseff y Lula da Silva, los tiranos Daniel Ortega y Nicolás Maduro, inútiles como el kirchnerista argentino Alberto Fernández; cuentanubes como el expresidente español Rodríguez Zapatero y otros izquierdistas de difícil catalogación como Fernando Lugo o Ernesto Samper.
Sí sorprende la reacción de algunos medios, incluso de algunos medios que siempre se han dicho conservadores y que hoy navegan en las turbias aguas de la equidistancia transversal, proclamando como vencedor a Castillo con desprecio de la exigible prudencia. Que eso lo haga, como lo ha hecho, el Granma, órgano de expresión de la tiranía castrista, tiene un pase, pero los medios y los Gobiernos de países democráticos, por muy escorados a la izquierda que estén, tienen la obligación de ser cautos. Sobre todo antes de entregar la victoria en forma de titular de portada a un enemigo de la libertad, definición no académica, pero sí perfecta, de un comunista.
La cautela no debe impedirnos reclamar a los organismos internacionales, empezando, aunque sin esperanza, por la Unión Europea en manos del nefando Josep Borrell (de ahí nuestra falta de entusiasmo) y siguiendo por la Organización de Estados Americanos, que se impliquen con decisión y sin complejos en la denuncia de la violencia izquierdista que amenaza la paz en Perú y en la exigencia de que el recuento y las impugnaciones, necesiten el tiempo que sea, se solventen de manera transparente y con todas las garantías. No vaya a ser que por desidia o por miedo se le conceda una victoria en fraude de ley al comunismo y sea la última vez que podamos hablar de elecciones libres en Perú. Con el Perú no se juega.
