La decisión de la Conferencia Episcopal Tarraconense, uno de cuyos miembros, el cardenal Juan José Omella, es el presidente de la Conferencia Episcopal Española, de emitir un comunicado alabando ‘las medidas de gracia en todas las situaciones de conflicto’, eufemismo que elogia los inminentes indultos a los políticos golpistas, nos devuelve a la triste realidad de que para esta batalla por el bien moral que significa la unidad de España no podemos contar con unos clérigos fariseos —algunos— zelotes con sotana —los más— que alaban el indulto a Barrabás.
Hablan los obispos en el quinto punto de un comunicado de «misericordia y perdón sinceros», con desprecio del propio Código de Derecho Canónico y del Catecismo de la Iglesia católica, es decir, universal, que si bien reconoce que no hay falta alguna por grave que sea que no se pueda perdonar, exige un arrepentimiento verdadero (Catecismo Romano, 1, 11, 5) y propósito de enmienda (Código de Derecho Canónico, c. 959). Ninguna de estas dos condiciones esenciales se cumple en el caso de los políticos separatistas catalanes y así no se puede avanzar «en el diálogo sincero» que requieren los obispos para construir esa cursilería que denominan «la armonización de la sociedad».
La sociedad catalana, como parte esencial de un bien mayor, igual de esencial que resto de regiones que forman desde hace siglos la nación española, se armoniza en torno a la Constitución, el respeto al estado de derecho y la detección y represión de cualquier delincuente enemigo de la convivencia que busque fracturar la sociedad con el aplauso de tantos indignos sacerdotes que han pervertido la misión evangélica de sus parroquias y han transformado las casas de oración en mercados políticos.
Se puede entender la posición de los obispos sólo desde posiciones de autoindulgencia y de cobardía. La autoindulgencia que cree que los indultos a los condenados también les alcanzará a ellos, cooperadores innecesarios de la deriva hacia la ruptura, que hacen protestas de catalanidad mientras se muestran incapaces de recuperar vocaciones y parroquianos en la región española que, por su culpa, por su grandísima culpa, más se ha apartado de la Iglesia aldeana que han edificado.
La cobardía, sin duda, es el recuerdo de tantos sacerdotes y obispos catalanes no nacionalistas asesinados por la izquierda con el visto bueno del nacionalismo. Como ejemplo, baste uno: el obispo Manuel Borrás, tiroteado y quemado vivo en 1936 mientras su jefe, el cardenal nacionalista Vidal i Barraquer, escapaba en un barco italiano gracias a un salvoconducto firmado por el propio Companys. Como dejó escrito el buen cardenal Isidro Gomá, también tarraconense: «Ha llamado poderosamente la atención el hecho de que los sacerdotes militantes del catalanismo hayan salido indemnes en los sangrientos sucesos de julio, mientras sucumbían a centenares sus hermanos. Persona de responsabilidad absoluta me asegura que fueron cuidadosamente buscados y puestos en salvo por uno de los ministros del Gobierno de la Generalidad» (Archivo Gomá; CSIC)
Las «posibles soluciones» que exigen los obispos catalanes deberían empezar por ellos mismos. Por una larga, crítica y valiente mirada a la sociedad fracturada que ellos ayudan a construir mientras Roma mira hacia otro lado. Mucho pedir, quizá. Y sin quizá. Que Dios se lo demande.
