Las penúltimas amenazas y bravatas de Nicolás Maduro —en las que llama a la revisión de las relaciones con España—, no deberían pasar de ahí. En condiciones normales, despreciarlas y no acusar recibo debería ser la primera reacción sensata de cualquier Gobierno serio. Sin embargo, en este caso, los intereses de España y de las empresas españolas que todavía operan en la dictadura narcochavista venezolana exigen una contundente respuesta diplomática como requisito necesario para despejar las sospechas públicas de que hay ministros de la izquierda española—y no sólo en Podemos— que cargan con maletas muy pesadas por sus relaciones, pasadas, y presentes, con el régimen caribeño.
Si ya son graves las relaciones conocidas de determinados ministros y un expresidente como Zapatero con organizaciones como el Grupo de Puebla que cuentan con el aliento financiero del chavismo al que asesoraron y del que tanto recibieron, las que sin duda deberían preocuparnos son las que todavía desconocemos. Las últimas informaciones periodísticas que señalan que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, conocía, consintió y preparó la escala no tan técnica que hace un año llevó a cabo la dirigente chavista Delcy Rodríguez que tiene prohibida la entrada en la Unión Europea y que se reunió en secreto durante horas con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, señalan un escenario de contubernio inaceptable entre una dictadura y un Gobierno formalmente democrático al que le es exigible que vele por el liderazgo europeo de España en cuestiones iberoamericanas.
Este liderazgo no se sostiene consintiendo soflamas antiespañolas, aceptando chantajes y trabajando de maletero de aeropuerto. Sólo se sostiene desde una posición ética inquebrantable que señale a Nicolás Maduro como uno de los grandes enemigos de la libertad en la Iberosfera.
Y si ante esa declaración de enemistad con un dictador —que no con un país hermano—, ese mismo régimen corrupto decidiera cumplir sus amenazas veladas de tirar de la manta de las relaciones secretas con ciertos ministros españoles, el Gobierno español debería celebrarlo como una oportunidad para regenerar a la izquierda española y devolverla al carril constitucional.
En cualquier caso, qué mala señal es que tengamos que editorializar lo obvio.
