El ataque de un delincuente magrebí sobre el que pesaba una orden de expulsión de territorio francés y que en el día de ayer apuñaló a seis personas en la estación de tren de la Gare du Nord, en París, merece una —otra— reflexión serena sobre la responsabilidad de un Estado en lo que se refiere a la protección primordial de los nacionales del país al que sirve.
Las informaciones (recogidas a cuentagotas por los medios franceses por culpa de los propios remilgos del oficio periodístico y por el obstruccionismo de las autoridades en todos los casos de atentados en los que participe un inmigrante, sobre todo si es de origen africano y musulmán), aseguran que el criminal, un inmigrante ilegal que entró a Francia hace tres años y que ha consolidado en ese tiempo un amplio historial delictivo, no fue expulsado a Libia, su país de origen, por «el riesgo que la inestabilidad en esa zona del norte de África podía suponer para él».
Los seis franceses acuchillados ayer, uno de ellos de gravedad, estarán en su derecho de pensar que nadie les protegió a ellos.
Conocemos bien la Declaración de Nueva York sobre los derechos de los refugiados y los inmigrantes de la ONU. Entre la vacía palabrería de su texto, y aunque podamos compartir ideas básicas sobre la necesidad de ofrecer un trato digno a los inmigrantes ilegales, disentimos en lo más profundo con ese precepto que obliga a los Estados a no hacer efectiva la expulsión de un delincuente si su regreso a su país pudiera entrañar algún riesgo para él.
Y disentimos no sólo porque esa norma no distingue entre asilados que pueden merecer una especial protección e inmigrantes económicos ilegales que sin duda no la merecen, sino sobre todo porque debe ser responsabilidad por entero del inmigrante, sobre todo el de quien no quiere regresar jamás a su país de nacimiento, no poner su futuro en peligro delinquiendo en el país de acogida..
Resulta ilógico que aceptemos la paradoja de que un Estado europeo tenga la obligación de velar por la protección de un delincuente extranjero mientras al mismo tiempo aceptamos el riesgo que supone su presencia para la seguridad de las personas corrientes que no disponemos, al contrario que los políticos que firman esas declaraciones, de escoltas armados.
En un día normal, más de 700.000 personas circulan por la Gare du Nord parisina. Cualquiera de esas 700.000 personas podría haber sido ayer acuchillada por ese criminal libio con una orden incumplida de expulsión que fue neutralizado a balazos por los gendarmes después de que apuñalara a uno de ellos en la espalda. El Estado francés tenía ayer, como tiene hoy y mañana, la obligación de proteger a esas personas. Y fracasó. Pero no fracasó a pesar de que lo intentara, que entonces no hay culpa, sino por todo lo contrario.
