La cumbre celebrada hoy de presidentes autónomicos de aquellas regiones españolas donde el vaciamiento del mundo rural es más notorio (vaciamiento consentido y tutelado desde hace décadas por los partidos —PP y PSOE— de esos mismos presidentes regionales) proyecta la sombra del fracaso del sistema autonómico que condena a una desigualdad inconstitucional a los españoles.
Si miramos con detenimiento la lista de políticos que al reclamo del galleguista Feijóo acudieron a Santiago para exigir cambios sustanciales en el sistema de financiación autonómica, nos daremos cuenta de que faltan todas las regiones con partidos que desde hace más de 40 años tienen la capacidad de negociar con sus votos en el Congreso de los Diputados mejoras en su propia financiación y otras mercedes que destruyen la igualdad entre españoles. Negociar, por supuesto, es una forma de decirlo. La otra forma, quizá más precisa, es chantajear.
En los últimos días hemos podido ver cómo los partidos que forman parte de la mayoría Frankenstein imponen condiciones que deberían ser inaceptables a cambio de su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. Lo que deberían hacer esos partidos, si tuvieran un mínimo de sentido de Estado, es denunciar la irrealidad de unos presupuestos que nacen muertos por la diferencia abismal entre las expectativas de recuperación de la economía española y la realidad a la que nos rebaja la Comisión Europea, el Banco de España, Funcas y los departamentos de análisis de los principales bancos nacionales. Por supuesto, reclamar sentido de Estado a los partidos nacionalistas, golpistas y filoterroristas que pueblan con nuestro dinero los escaños del sistema parlamentario español, es un absurdo. Que Unides Podemos lo ampare, es comprensible. Al fin y al cabo, son comunistas. Que el PSOE, responsable máximo de estos presupuestos cadavéricos, acceda al chantaje, es la prueba definitiva (si es que necesitábamos alguna más), de hasta qué abismos éticos ha descendido el socialismo español a cambio de un sillón desde el que desplegar su agenda ideológica globalista que sólo genera división, enfrentamiento y ruina.
Y sí, por supuesto que debe haber cambios en el sistema de financiación autonómica, pero hasta que no haya un Gobierno fuerte y decidido en España que, con el apoyo de la sociedad civil y de la opinión pública, embride el gasto, audite a las comunidades autónomas y legisle para que una Justicia independiente pueda reclamar responsabilidades a los políticos ineptos, cualquier modificación será sólo un parche que pagaremos los sufridos contribuyentes con el dinero público, que al contrario de lo que la izquierda piensa (y dice), no sólo es de alguien, sino que es el dinero que sale de nuestros impuestos.
Urge una llamada a la responsabilidad de los españoles y de los políticos que quieran que siga habiendo España. Nuestro modelo autonómico tiende al fracaso en la mayoría de las regiones españolas, y la pandemia ha demostrado hasta qué punto nuestro dinero —como nuestras libertades— está mal gestionado. Urge repensar el sistema. Sin complejos y con una sola idea: España y los españoles.
