La balanza de la democracia española no mantiene un sano equilibrio entre derechos y obligaciones. Lo contrario de un sano equilibrio es el vértigo y el mareo que conducen sin remedio a la dura caída y a la inmediata y desagradable sensación de vulnerabilidad.
Durante las últimas décadas, pero sobre todo a lo largo de este casi primer cuarto de malhadado siglo, nuestros legisladores han apresurado derechos mientras descartaban deberes hasta crear un régimen adolescente, sentimental e irreflexivo en el que todo vale… salvo dejar de pagar impuestos. Cada día, más.
Esta democracia que creímos que a estas alturas gozaría de una madurez sosegada, vive hoy una edad del pavo tardía e impropia como consecuencia de la torpeza de los partidos que se han sucedido en el Gobierno de la Nación y de la cada vez más visible incompetencia de sus líderes. Incompetencia que es fruto de su incuestionable falta de formación. En algunos casos, como el presidente que hoy nos desgobierna, hasta extremos sonrojantes. En otros, como su predecesor, Mariano Rajoy, por su cobardía, que es peor.
Estos complejos e incapacidades son los que nos han conducido al momento actual, en el que vivimos un pandemonio casi diario de proclamación de derechos absurdos que ojalá fueran sólo eso, absurdos, pero que en realidad son peligrosos para el orden político y la paz social y sólo alimentan revueltas y fracturas. La lista es larga y está en la mente de todos nuestros lectores que sienten y padecen la desigualdad entre españoles consecuencia de esa carrera alocada por inventar derechos, restringir libertades esenciales y disolver deberes constitucionales.
Podría quedar este editorial finiquitado en este punto. A la inteligencia del lector informado y a su juicio crítico sobre todo lo que está mal en España (y es muchísimo más de lo que llegó a pensar en otros tiempos un pesimista), nos confiamos.
Sin embargo, no podemos dejar de advertir sobre el inminente desastre que se avecina con la anunciada eliminación del Código Penal del delito de sedición o, lo que es lo mismo, con la proclamación del derecho a que los golpistas catalanes —y cualquier otro— lo vuelvan a hacer.
Que los sediciosos catalanes y la miseria proetarra que pasea por los pasillos del Congreso anhelen la impunidad, es natural. Estúpido, pero natural. Que los comunistas hispanófobos lo apoyen, es normal dentro de su aberrada anormalidad. Que el socialismo español, por un puñao de parné presupuestario, lo negocie, es coherente con su trayectoria de rendición. Que Vox, la tercera fuerza política, lo denuncie, se oponga y lo combata, alivia nuestro pesar y nos da esperanzas de futuro. Pero que el Partido Popular continúe negociando con la izquierda la renovación de los órganos de Gobierno del Poder Judicial, incluido el asalto al Constitucional, mientras esa misma izquierda maniobra para conceder impunidad al secesionismo, es demencial, es decir, absurdo e incomprensible. Un trastorno de la razón.
Sabemos que advertir de algo a los dirigentes del Partido Popular es predicar en el desierto o buscar agua en Marte. Y sin embargo, puede que esta vez Alberto Núñez Feijóo se vea obligado a dar explicaciones de cómo, si es que llega al Gobierno, y si ese Gobierno no es la gran coalición con el socialismo que sueña, planea defender la benéfica existencia de la nación española y su ordenamiento constitucional. Porque si no es con el imperio de leyes justas que anulen cualquier intentona golpista, referendos inconstitucionales y proclamaciones de republiquetas incluidas, ya nos explicará con qué. Es su deber.
