En apenas un día termina el estado de alarma en España, pero no en una España de iguales gobernada por un mando responsable, preparado y único, sino en esta España desigual en la que la inmensa mayoría de los gobiernos de las distintas comunidades autónomas han mostrado una adscripción inútil a la política de la retórica, la ineptitud y el miedo, que es la marca de los tiempos modernos socialistas que nos toca vivir.
El problema más grave es que después de más de un año de estado de alarma, con un pequeño ínterin veraniego en el que «ya habíamos vencido a la pandemia» (Sánchez dixit), el Gobierno de la nación y las comunidades autónomas han mostrado una falta total de previsión —la pereza, ese pecado capital de los políticos además de la soberbia— que han ido parcheando con prohibiciones estúpidas y anuncios sensibleros. Es decir, con lo fácil.
Si nos hubieran dicho hace un año que hoy estaríamos sin unas leyes especificas, constitucionales y justas, para hacer frente a futuras emergencias sanitarias sin tener que recurrir a la vulneración de los derechos fundamentales de los españoles, derechos como la movilidad plena o la libertad de empresa que son los que generan prosperidad, nos habría costado creerlo. Pero la realidad de la inutilidad de nuestro Gobierno es la que es y si en verano Pedro Sánchez se sacudió la responsabilidad de su terrible gestión (que algún día deberá ser juzgada) con el invento de la cogobernanza, el decretazo final con el que traspasa la responsabilidad de gobernar al Tribunal Supremo es la prueba definitiva de que Sánchez no entiende que una de la condiciones de la democracia es que los ciudadanos elegimos a nuestros gobernantes, no a nuestro jueces. Si él no es capaz de gobernar, renuncie y ceda el mando a la vicepresidente Carmen Calv… mejor convoque elecciones.
Entendemos que las comunidades autónomas, y en especial algún lehendakari, que han tomado decisiones injustas, dañinas y estúpidas amparadas por el estado de alarma, se enfrentan ahora a la terrible y pavorosa idea de convencer a sus habitantes de que se deben mantener restricciones a su libertad, es decir, a su prosperidad y a su salud mental, mientras ellos —véase el ejemplo del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, sorprendido ayer fumando en un espacio cerrado de un restaurante— no comparten ninguno de los costes del sacrificio de las oportunidades perdidas por su inepta gestión de desgobierno.
Lo normal en un Estado responsable sería disponer de una ley de emergencias sanitarias, insistimos, constitucional y justa, en previsión de que el virus, este virus o cualquier virus, incluidas mutaciones, vuelva a amenazar la salud física y mental de los españoles y su prosperidad.
Pero lo normal, como se ve, no sirve en esta España desgobernada. Ante el fin del inconstitucional estado de alarma y el comienzo del estado de nueva normalidad desgobernada, la única solución que nos queda a los ciudadanos es aplicar el sentido común, vacunarnos si podemos y si queremos, y mantener unos elevados niveles de higiene y de respeto por el espacio vital de los demás; con respeto al virus, pero sin miedo, ni al covid-19 ni a los gobernantes que padecemos y a sus medios domesticados.
