Durante los dos primeros meses de la pandemia de covid-19, la falta de preparación, la escasez de recursos y la rápida propagación del virus y de la enfermedad —incluso en una parte sustancial de los profesionales sanitarios— colapsaron el troceado sistema de salud español que se vio desbordado ante el elevado número de pacientes con necesidad inmediata de cuidados intensivos y de sistemas de ventilación mecánica con los que no se contaba en número suficiente.
Fue en esos instantes cuando se empezó a aplicar, sin criterios claramente marcados ni, en algunos casos, ajustados a principios éticos, un «triaje de guerra» en las urgencias de los hospitales que sólo tuvo en cuenta la edad de los pacientes. Desde un punto de vista ético hay enormes lagunas en esa decisión como el hecho cierto de que no se informó a la sociedad con la suficiente autoridad y claridad de cuáles eran los factores excluyentes de la atención médica, ni se contó con el daño psicológico que podía causar —y ha causado— a los sanitarios civiles sobre los que recayó, injustamente, la responsabilidad de establecer ese «triaje de guerra» para el que no estaban preparados, ni tenían el conocimiento ni la práctica adecuada. Que los médicos militares debieron haberse responsabilizado de ese triaje está fuera de toda duda (salvo para las autonomías, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Defensa que no dudan en sus complejos), sobre todo al observar los estragos psicológicos que ese triaje ha causado en los sanitarios civiles y al observar la desafección de una parte importante de la ciudadanía.
Dicho lo anterior, es evidente que la necesidad es una de las fuentes relevantes de la ética y ante la ausencia de tiempo y medios materiales para establecer la gravedad real del paciente —que en condiciones normales debe ser el criterio que decida la atención—, resulta indudable que no se puede reprochar desde un punto de vista ético la actuación de los profesionales sanitarios ni las órdenes dictadas por las autoridades competentes (si es que hubo tal cosa) sobre el criterio de selección de los pacientes que en aquellos dos primeros meses debían ser tratados o, por desgracia, abandonados en hospitales y residencias en función de su edad.
Si ha llegado hasta aquí, permítanos insistir en que todo lo anterior se refiere a los dos primeros meses de la expansión de la pandemia en España. A partir de ahí, cuando los medios ya eran suficientes para no tener que recurrir al triaje de guerra, la ética médica y los principios de autonomía, beneficencia, no maleficiencia, justicia y dignidad de los códigos deontológicos que iluminan la profesión médica desde hace tan poco como 2.500 años, exigen que no se discrimine a nadie por su edad, sino por la gravedad real del paciente.
Las declaraciones de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, en las que discrimina de una manera impúdica, aberrante y amoral —y de pie delante de las cámaras— entre la vida de una persona de 95 años y la de una persona de 20 años, merecerían un reproche contundente desde el Gobierno en forma de cese inmediato y una investigación de cómo pudo aprobar la asignatura de ética médica.
Por supuesto, de su jefe, el doctor (?) Sánchez, no esperamos que haga ni una cosa, ni la otra. Para reprochar a alguien una inmoralidad, primero hay que saber qué es lo moral, y Sánchez es, a todas luces, y sobre todo desde el día en el que sobre los cadáveres de más de cien mil españoles se dio un notable alto en la gestión de la pandemia, un inmoral. El resto de su acción de Gobierno, desde sus pactos con los deudos de ETA hasta los inminentes indultos a los golpistas republicanos y nacionalistas, sólo son constataciones de que no sólo es Simón quien no sabe lo que es la ética.
