Cuando un español de a pie, uno de esa inmensa mayoría, uno cualquiera de nosotros, se levanta por la mañana, no se sienta en el borde de la cama y se estremece al recordar el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Claro que no. Hay otros motivos para el estremecimiento, y muchos más a día cinco de mes, cuando los recibos domiciliados succionan como dementores de Azkabán toda la alegría y la felicidad que la nómina, si la hay, dejó durante dos nanosegundos en el metaverso de la cuenta corriente.
Por supuesto no diremos que no es un problema lo del Poder Judicial, pero desde luego que no en el sentido del chalaneo que se traen los dos partidos del consenso a cuenta de la dependencia política de los órganos de gobierno de los jueces, sino en la dirección contraria. Algún día, en algún momento, un Parlamento de coraje deberá devolver a Montesquieu a su sitio y ordenar que la Justicia, pieza indispensable en el equilibrio perdido de poderes, sea independiente. Por el bien de todos. Incluido el de la persona sentada en el borde de la cama y que tienta el suelo con el pie buscando las zapatillas que aliviaran el frío mañanero otoñal de una casa en la que la calefacción, con estos precios, ni está ni se la espera.
Si a ese español le pudiéramos preguntar, a buen seguro que relataría mil estremecimientos antes de hablar del asunto del CGPJ. Uno de ellos, sin duda, sería el fenómeno de la inmigración ilegal que azota a España en el siglo XXI (y a Europa antes) y que pone cada día en riesgo la seguridad de cada español de a pie—presidente, ministros y políticos con coche oficial y escolta excluidos— y que destapa las vergüenzas de un Estado de Derecho que no es capaz de defender sus fronteras o que incluso recibe órdenes políticas para rendirlas.
Parece mentira que a estas alturas tengamos que recordar a esa relación de excluidos citada antes que la inmigración ilegal no cae del cielo ni aparece por ciencia infusa en medio de, pongamos, Barcelona y organiza algaradas para protestar por la detención de un delincuente (y rapero) de origen marroquí. La inmigración ilegal está en nuestros barrios y siempre a las puertas de nuestras fronteras, que son físicas, y que o se defienden o se rinden. No hay más opciones.
Para defenderlas, entre ayer y hoy, el Grupo de los Conservadores y Reformistas europeos (ECR) celebra en Ceuta el segundo Encuentro Frontera Sur, organizado por la diputada de Vox Rocío de Meer. No se celebra en Madrid, ni en Barcelona, ni en el Parador de Cuenca, sino allí donde es necesario, allí donde se reta a un pulso cada día a España y a Europa y donde cada día nuestro Estado y los burócratas bruselenses doblan el brazo por su indisimulada querencia a aceptar la llegada de cualquier ilegal que sume esfuerzos para la causa de la pérdida de nuestra identidad y de nuestro modo de vida.
Esto es lo que está en juego. El reto demográfico de sustituir a la población española de raíz cristiana y occidental, por otra de raíz extraña y antagónica. A esto lo llaman multiculturalismo. El que no quiera verlo así, que eche una mirada lenta, larga y reflexiva a Francia, o que pasee por la antigua ciudad de los prodigios que fue Barcelona. La decadente, por inmigración ilegal interpuesta, ciudad triturada por la alcaldesa populachera izquierdista Ada Colau y por una sociedad civil anómica que es incapaz de llamar a las cosas por su nombre exacto.
Todo lo contrario de lo que hacen los participantes en este segundo Encuentro Frontera Sur del ECR a los que conviene escuchar siquiera para esperanzarnos al comprobar que todavía hay millones de españoles y de aliados europeos )la presidente Giorgia Meloni como ejemplo perfecto de que se puede ordenar la defensa de las fronteras para acabar con las mafias del tráfico de personas) que, en el futuro, ojalá que inmediato, pondrán fin a este desvarío inmigracionista.
Y después, cuando haya un hueco, se ocuparán de que haya independencia en el Poder Judicial. Todo llegará. Pero lo primero es lo primero.
