El intento de mordaza este martes en el Parlament al líder de la primera fuerza nacional de oposición (VOX) por exigir que se ponga freno a la tétrica espiral de inseguridad y violencia en las calles provocada por la inmigración ilegal es la enésima muestra de que el separatismo es una banda totalitaria que solo sabe silenciar al disidente y que detesta que le recuerden (y que se denuncie) la verdad.
Cataluña, paralizada por la guerra entre los partidos golpistas, únicamente preocupados por el control de la fábula secesionista y por destinar ingentes cantidades de dinero público a chiringuitos ideológicos y falsas embajadas, sufre hoy una insostenible crisis de inseguridad que tiene responsables: Peré Aragonés y sus consejeros.
Es su política de puertas abiertas, de aliento del «efecto llamada» y de impunidad para las bandas callejeras de extranjeros lo que está causando que Cataluña lidere las tasas de delincuencia, de violaciones y de okupaciones del conjunto de España.
Las consecuencias de este fracasado delirio multicultural las sufren cada día las familias catalanas, sobre todo las más humildes, que ven como su vida y sus barrios se han degradado a niveles que nunca fueron imaginables.
Aunque se niegue, la realidad es implacable. Y la restitución de la seguridad en Cataluña… imperiosa. Es, ante todo, una urgencia nacional.
