A veces, más de las que quisiéramos, nos da la impresión de que el Gobierno de Pedro Sánchez cree de verdad eso de que África comienza en los Pirineos y no se da cuenta de que hay una realidad llamada Unión Europea que, en el ejercicio de su autoridad, de vez en cuando vuelve sus ojos a España y pide —exige— explicaciones.
Es justo que lo haga, sobre todo cuando resulta imposible para cualquier observador imparcial y desapasionado entender por sí mismo la conveniencia y el beneficio de las decisiones políticas y económicas tomadas por el Gabinete del doctor (?) Sánchez.
La presencia en Madrid de los famosos «hombres de negro», ese alias amenazante con el que se conoce a los miembros de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, responde a la necesidad de aclarar en persona varias cuestiones que hieren la consideración de España (sinécdoque del Gobierno de Sánchez) como un socio fiable, honrado y diligente del club europeo.
Hasta ahora, que sepamos, los hombres de negro han pedido explicaciones sobre dos asuntos de una importancia capital. El primero, la inexplicable e inconveniente rebaja del delito de malversación. Inconveniente porque esa disminución del reproche penal a la corrupción desprotege el uso honrado y cabal del dinero público, incluidos los Fondos Europeos y extiende sobre la Eurocámara, y lo que es peor, sobre la opinión pública europea, la sospecha ya recurrente de que esta España de sindicatos, comisionistas y ministerios de Igualdad no juega limpio.
El segundo asunto es el de la planificación y reparto de los Fondos Europeos, de los que España ya ha recibido cerca de 31.000 millones de euros. Es relevante que la Comisión no haya creído los informes de ejecución enviados a Bruselas por la vicepresidente económica, Nadia Calviño, que ha tratado de escurrir el bulto con el mito de la cogobernanza asegurando que los agentes sociales y las comunidades autónomas han tenido una influencia relevante en la definición de las prioridades y en la articulación de los programas de inversiones; además de negar que el reparto sea asimétrico en función de la afinidad política de determinadas regiones.
Por suerte, la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo necesita más que una verificación de parte —newtral o similar— para creer al Gobierno de Pedro Sánchez. Por eso, ayer, tras reunirse con políticos de la oposición y dirigentes de la patronal de los empresarios que negaron las fabulaciones de este Gobierno, la presidente de la Comisión, Mónica Hohlmeier, reprochó a Calviño su incompetencia a la hora de alcanzar acuerdos para la planificación y ejecución apartidista de unos fondos que, no nos olvidemos, salen del bolsillo de los europeos, incluido el nuestro.
Con lo que sabemos hasta ahora, y con lo que conoceremos en los próximos días, podemos esperar en breve una seria y justa advertencia de la Unión Europea a España que, sin duda, ralentizará la entrega de los fondos que necesitamos como agua de mayo. En ese momento, pagaremos justos y desesperados por los pecados de un Gobierno que ha hecho de la mentira, la indolencia y la inutilidad, los ejes de su acción política.
