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La Gaceta de la Iberosfera
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21 de septiembre de 2021

O incompetente o mandada

La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Mercedes González (EP)

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, la que autorizó y no disolvió una marcha homófoba por las calles del barrio de Chueca, sólo puede ser dos cosas: una incompetente o una mandada. En el primero de los casos, su cese por pérdida de confianza debería ser automático, sobre todo por el respeto debido a los sufridos contribuyentes que financian con el dinero de nuestros impuestos no sólo chiringuitos, sino también instituciones sensibles y esenciales como las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas. Nuestra Constitución, en un artículo que parece largamente olvidado, declara el derecho y el deber de que haya orden político y paz social, por lo que cualquier manifestación que atente contra la dignidad de las personas —como es, sin duda, una marcha homófoba por las calles de un barrio madrileño como el de Chueca—, debería haber sido investigada hasta la extenuación antes de ser aprobada o prohibida atendiendo a esos mismos fundamentos. La libertad de expresión, que en La Gaceta de la Iberosfera consideramos esencial para el desarrollo de una sociedad democrática, tiene cauces que en ningún caso discurren por la convocatoria de una marcha para atentar de manera flagrante contra la dignidad de las personas.

La delegada del Gobierno asegura que los convocantes engañaron a la Delegación sobre los motivos que presentaron para solicitar la marcha. Si esto fuera así, la misma delegada debería haber ordenado a la Policía la disolución inmediata de la marcha y la identificación de los principales participantes con vistas a una posible investigación judicial. A continuación, la delegada debería haber presentado su dimisión al Gobierno. Eso hubiera demostrado que la señora González, como alto cargo gubernamental al servicio de los españoles, comprende y lamenta el daño causado a la paz social por su incompetente actuación.

Sin embargo, esto no ha sido así. Ni la ‘engañada’ delegada del Gobierno ordenó a la Policía que disolviera la marcha homófoba ni a día de hoy ha presentado su dimisión irrevocable. Las excusas presentadas, sobre todo despues del visionado de las imágenes de la marcha, sobre el peligro que para la seguridad de las personas hubiera conllevado una actuación policial, son risibles.

Puede que el caso de la señora González, ex concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, sea uno más de esos parásitos incompetentes que pueblan las administraciones y que se niegan a dimitir porque al interés general anteponen el interés personal. Pero si este fuera el caso, el Gobierno debería haber despedido de manera inmediata a la delegada. Tampoco ha ocurrido.

Por lo tanto, sólo cabe inferir que en el caso de la marcha homófoba que discurrió por las calles de Chueca no hay error ni incompetencia, sino una operación política urdida por el Gobierno —con el concurso esencial de la Delegación— para tratar de tapar las miserias del Ejecutivo de Sánchez (y de los partidos que lo componen y los que les apoyan), en torno al uso político de un inexistente auge de la homofobia para señalar a un partido como VOX. Una formación tan extraordinariamente respetuosa con la dignidad de todas las personas sin importar su orientación sexual como extraordinariamente beligerante con las leyes ideológicas de género que son parte esencial de la Agenda 2030.

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