La principal misión del Centro Nacional de Inteligencia es, según la ley 11/2002 que lo regula, la de proporcionar al Gobierno la información e inteligencia necesarias para prevenir y evitar cualquier riesgo o amenaza que afecte a la independencia e integridad de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones.
Si alguien que haya leído con atención el primer párrafo no ha detectado que «cualquier riesgo que afecte a la integridad de España» se refiere no solo a las potencias extranjeras y adversarias de más allá de nuestra Frontera Sur, sino a la actividad diaria, permanente y, por desgracia, subvencionada, de determinados partidos y políticos separatistas catalanes y sus redes clientelares de apoyo, es que ese alguien vive mucho más allá de los mundos de Yupi, en una tierra de piruletas donde pastan los unicornios que se mueven por tracción de arcoiris.
A la luz de la ley del CNI, los políticos separatistas, da igual si catalanes golpistas, vascos proetarras o cantoneses cartageneros, mientras persistan en su actividad ilegal, deben ser objeto permanente del trabajo legal de espionaje del Centro Nacional de Inteligencia para que el presidente del Gobierno y su Consejo de Ministros tengan la mejor información y que así puedan tomar las decisiones oportunas encaminadas a cumplir con su promesa (solemne, ojalá sagrada, que no sacra) de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Toda ella. Otra cosa es que tengamos la certeza de que este Gobierno, este, en concreto, y algún otro en el pasado reciente, no tiene intención de cumplir, ni mucho menos hacer cumplir nada que no sea la Agenda 2030 o similar.
Como bien dijo la desde hoy candidata de VOX a la presidencia de la Junta de Andalucía, Macarena Olona, poco se les ha espiado. Y cuando decimos poco, nos referimos a la lamentable inacción de las instituciones del Estado en todo lo que se refiere al desafío del llamado procés. Es posible que el CNI haya trabajado con diligencia, pero si es por los resultados visibles, sólo podemos dudarlo. O eso, o es que el Gobierno de M. Rajoy y luego el de Pedro Sánchez, han usado mal las informaciones del CNI. Lo segundo, sin duda, estremece más que la sola duda sobre la incompetencia del CNI.
Un asunto diferente es si para espiar a los políticos catalanes se usó una herramienta informática israelí cuya licencia estaba limitada a la investigación de actividades terroristas o de narcotráfico. Eso es lo que, quien tenga competencias para ello, deberá conocer. Sólo eso y nada más. El resto, lo dicho. Poco se les ha espiado para lo que se merece la integridad de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones. Si hace falta, traigan más espías.
