En 1991, el Tribunal Constitucional avaló la fórmula de acatamiento de la Constitución «por imperativo legal, sí, prometo» que los senadores del brazo político de la banda terrorista ETA, por entonces Herri Batasuna, habían usado en el acto formal del requisito exigible para el perfeccionamiento de su condición de senadores electos.
Aquella, sin duda, fue una mala sentencia del Constitucional, por cuanto el Tribunal quiso entender que no podía derivarse del uso de esa fórmula que los batasunos trataran de limitar o condicionar el acatamiento de la Carta Magna. Que era, con exactitud, lo que estaban haciendo.
A partir de aquella sentencia garantista y equivocada, el acto del cumplimiento del requisito formal de acatamiento de la Constitución se convirtió en un festival de imperativos legales que trasladaban a los españoles la idea de que en nuestras instituciones, y con sueldo y otras prebendas pagadas con el dinero de nuestros impuestos, moraban sin freno alguno perjuros afanados en la desconstrucción de la nación política como primer paso hacia la destrucción de la nación histórica.
Por supuesto, y esto lo sabe hasta un escolar con pocas luces, aquella fórmula era limitante y por lo tanto jamás debió haber perfeccionado el requisito formal. Los nuevos cargos, por lo general separatistas, podían presentarse así ante sus electores y jactarse de que habían engañado a la democracia española, siempre generosa hasta la idiocia con sus enemigos. No tenemos duda alguna de que si alguno de esos cargos jurase haciendo ostentación de tener los dedos cruzados, el Constitucional también lo avalaría.
A partir de aquel aval de nuestro en tantas ocasiones indocto y sometido Tribunal Constitucional, el siglo XXI alumbró nuevas fórmulas de juramento o de promesa que son, en la expresión más perfecta que se nos ocurre, un «agárrame el cubata» por parte de muchos cargos electos, no sólo separatistas vascos y catalanes, sino de los nuevos comunistas, hoy por fortuna en extinción, de Podemos.
Las fórmulas «hasta la república catalana», «por el derecho a decidir de los pueblos», «en defensa de la diversidad nacional y la pluranacionalidad», «por la libertad de los pueblos indígenas», «sin renunciar al derecho a la autodeterminación» y un largo etcétera que sin la menor duda introducen limitaciones en el acto de acatar la Constitución española, fueron ayer avaladas de nuevo por el Tribunal Constitucional hoy asaltado por la izquierda al servicio del sanchismo con el permiso del PP. De nuevo, el TC se equivoca y nos debilita.
Pero por mucho que la tentación de cargar contra el TC sea poderosa, la realidad es que la culpa de que hayamos llegado hasta esta situación de desamparo en la que los enemigos de España tienen permiso para sentarse en los escaños de nuestros parlamentos y asambleas, burlarse, condicionar y cobrar, no es suya.
Es culpa y responsabilidad del PP y del PSOE, que tiempo han tenido desde 1991 para impedir la burla periódica modificando los reglamentos allí donde tuvieran mayoría más que cualificada para exigir la promesa de acatamiento escueta, sin condicionantes, añadidos ni perjurios, pero que jamás han querido. Ni siquiera por imperativo moral.
