Debemos dejar a los sociólogos la explicación del cambio en la identidad del pueblo español. Un pueblo que si tenía una constante bien definida a lo largo de la Historia, era la de la insumisión ante el abuso del poder y el mal uso del dinero de nuestros impuestos. A lo largo de los siglos, y hasta hace bien poco, los españoles demostraron una querencia casi instintiva por el motín como forma de reivindicación. En tiempos no tan lejanos, había muertos en España por el largo de las capas, la calidad de las patatas o los impuestos injustos a los bienes de primera necesidad. Obsérvese la diferencia cuando hace ni siquiera cuatro años, una alcaldesa madrileña del bajo pleistoceno comunista ordenó a los vecinos caminar en un solo sentido por una calle del centro. Y lo hicieron. Como borregos en la trashumancia.
Aquella España insumisa, amotinada e insurrecta ha cambiado. Ahora, en su mayoría, es un pueblo muy obediente que traga con estados de alarma ilegales, impuestos injustos, tasas duplicadas, negligencias criminales no juzgadas, indultos a golpistas, corrupciones, subvenciones injustificables, adoctrinamiento, inmigracionismo y que hasta da las gracias de una manera pazguata por pagar con su propio dinero, el de los impuestos, la rebaja del precio de la gasolina.
El próximo martes, si las previsiones de Pedro Sánchez se cumplen —que siempre están zarandeadas por los azares de la improvisación y la incompetencia del Ejecutivo—, el Gobierno ordenará a los españoles que rebajen su consumo energético. Nos referimos al mismo Gobierno que ha ido desmantelando todas las centrales térmicas, que se burla a diario de la energía nuclear y que se ha cargado las relaciones con Argelia, nuestro antiguo suministrador de gas a precios razonables. El mismo Gobierno que no tiene un plan de soberanía energética, cuyo presidente compromete 20.000 millones de euros —que no tenemos— para políticas transversales feministas y que hace un uso entre ridículo y ególatra de los transportes militares, es el que abusará del sumiso pueblo español con la entrada en vigor de un Real Decreto que, como ha señalado con acierto el partido de Santiago Abascal, supone un confinamiento energético en toda regla.
Debe ser el propio pueblo español el que desactive este nuevo intento totalitario del autócrata Sánchez I el renovable de negar la responsabilidad de su incompetencia y trasladar las culpas a los españoles. Deben ser los partidos políticos de verdadera oposición, como herramientas de la participación de los españoles en la vida pública, los que llamen a la insumisión frente a la tiranía del inútil. Cuando yunque, yunque; cuando huelga, huelga.
Lo que no puede ser es que haya comunidades autónomas, delegadas de la soberanía nacional y subordinadas al poder del Estado, que se rebelen contra las decisiones del Gobierno. Ni siquiera contra las decisiones de este Gobierno de traca y Falcon. Mucho cuidado con las rebeliones, que las carga el diablo y las dispara un nacionalista. Si algunas comunidades autónomas, País Vasco, Madrid o quien sea, tienen una queja razonable, y desde luego que la tienen, ahí están los tribunales.
