El 14 de marzo de 2020 el Gobierno aprobó aquel primer estado de alarma que el TC acabó declarando inconstitucional tras un recurso de VOX. Aquellos días —y durante meses— se manipuló a la opinión pública y se utilizó a la Guardia Civil para imponer la censura y acallar las criticas en la mayor vulneración de derechos de la historia, un aplastamiento sin precedentes de la dignidad del hombre… y un experimento social con medidas que pisotearon las libertades más elementales y provocaron la ruina la economía. La tiranía posmoderna.
Los críticos eran —y son— tachados de «conspiranoicos» y «negacionistas» desde telediarios y balcones para imponer un relato oficial alentado y mantenido por quienes desde televisiones, radios y diarios digitales recibían cuantiosas subvenciones públicas bajo un eslogan, «salimos más fuertes», que sólo blanqueaba al Gobierno.
La vacuna, la obligatoriedad del uso de mascarillas y los confinamientos nunca fueron el resultado de evidencias científicas, concluyó el pasado mes de diciembre una investigación de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que fue silenciada por esos medios de comunicación capaces de criminalizar a quienes rechazaban ser sometidos y alertaban, por ejemplo, de los efectos secundarios perniciosos —y no comunicados— de las inoculaciones.
Cinco años después, los responsables en España de aquel atropello no sólo no han sido juzgados, sino que siguen en las instituciones, reuniéndose en La Moncloa, donde ayer llegaron Feijoo y los herederos de la banda terrorista ETA para ver cómo —de la mano de Von der Leyen— todos —salvo VOX— pueden, además de torpedear el acuerdo de paz auspiciado por Donald Trump en Ucrania, continuar imponiendo a espaldas de los españoles nuevos planes billonarios —del dinero de la gente corriente— de control social que destruyen nuestros derechos y libertades.
