Dolores Delgado ha cerrado con su dimisión -alegando un problema de salud- una etapa negra al frente de la Fiscalía General del Estado. Su inicio ya fue turbulento, pues pasó de diputada socialista y Ministra de Justicia tres veces reprobada al cargo de máxima autoridad en el Ministerio Público sin solución de continuidad. Dicho nombramiento causó la indignación de los fiscales por no cumplir el requisito de idoneidad por su vinculación al poder ejecutivo.
Esa etiqueta de servil al Gobierno Dolores Delgado la ha lucido con orgullo durante casi dos años y medio, un periodo marcado por una sectaria, imparcial y descarada política de nombramientos siempre en beneficio de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la asociación a la que perteneció hasta dar el salto a la política.
Los resultados de las pasadas elecciones al Consejo Fiscal, comicios que la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la carrera fiscal, ganó por amplia mayoría con seis asientos, y en los que la UPF logró dos (de los cuatro que tenía), ya mostraron el hartazgo con la gestión de Delgado, que -eso sí- ha dejado todo atado y bien atado al colar como sustituto a Álvaro García Ortiz, su mano derecha al frente de la Fiscalía y con notable cercanía al PSOE, tal y cómo demuestra su participación en un acto político de la formación en Galicia.
El nombramiento de Delgado no se tuvo que dar, nunca nadie denigró tanto la imagen del Ministerio Fiscal. Su dimisión llega muy tarde y no soluciona nada. El Gobierno socialcomunista seguirá manejando la institución a su conveniencia. Ya lo dijo Sánchez: «¿La Fiscalía de quién depende? Pues ya está…».
