Los dos últimos años y medio de confinamientos, cierres fronterizos, toques de queda, desabastecimiento o inflación han propiciado cambios drásticos y acelerados, aunque a veces discretos, en las relaciones humanas, el ámbito laboral o la propia demografía. Alteraciones en el día a día de cualquier habitante de Occidente que, si no ocurre algo inesperado —y traumático—, han llegado para quedarse.
En los Estados Unidos resulta especialmente sencillo observar la interacción de estos fenómenos y cómo todos son, al fin y al cabo, expresiones del mismo proceso. Desde una perspectiva demográfica, si bien el crecimiento de la población en el último año fue mínimo, se produjeron variaciones muy significativas en las poblaciones de los estados a medida que la vida cotidiana de sus ciudadanos se veía afectada de manera creciente.
Huelga decir que cada cual tiene sus razones y sus circunstancias para cambiar de residencia. La búsqueda de oportunidades de trabajo o de una vivienda asequible son dos de los objetivos principales, revalorizados por la imposición de medidas liberticidas en algunos lugares, que ha expulsado de las ciudades a cientos de miles de ciudadanos, en especial a jóvenes con facilidad para trasladarse. En la práctica, la coincidencia en el tiempo de esas normas limitantes de las actividades más elementales y la vuelta de tuerca a las políticas educativas o las llamadas «de género», junto con la flexibilidad propiciada por el teletrabajo y la educación a distancia, han animado a mudarse a quienes ya valoraban la idea y, a la vez, han empujado a hacerlo a otros tantos que no se lo habían planteado.
Los territorios que más residentes han perdido en términos netos fueron el Distrito de Columbia, del que el pasado año se fue casi un 3 por ciento de su población, Nueva York, Illinois, Hawaii y California. Todos gobernados por demócratas. Enfrente, los estados que han experimentado mayores aumentos netos de sus habitantes fueron Idaho, Utah, Montana, Arizona y Carolina del Sur. Todos gobernados por republicanos.
El fenómeno se hace más llamativo cuando se observa desde el contraste entre el mundo urbano y el rural. Según la Oficina del Censo, las mayores bolsas de población de los Estados Unidos, precisamente aquéllas donde los gobernantes se mostraron más implacables sobre los habitantes al aplicar restricciones, han sufrido una despoblación evidente. A la cabeza se encuentra el área metropolitana de Nueva York-Newark-Nueva Jersey, donde los precios del alquiler ya son una losa demasiado pesada para miles de familias, con un descenso de 328.000 residentes, seguida del área metropolitana de Los Ángeles-Long Beach, que ha perdido 176.000. Luego, el área metropolitana de San Francisco-Oakland-Berkeley, que experimentó un descenso de 116.000, seguida de Chicago, con un descenso de unos 92.000, y San José-Sunnyvale-Santa Clara, que ha perdido unos 43.000.
Todos los estados (y el Distrito de Columbia) de los que más estadounidenses se han ido en los últimos tiempos han impuesto medidas contrarias a la libertad y la dignidad de sus habitantes en los últimos años y, desde hace tiempo, mantienen una fiscalidad más confiscatoria que la afrontada por los residentes de los territorios que han visto aumentada su población en los últimos meses. Entre los lugares de los que más estadounidenses han salido el tipo impositivo superior medio combinado estatal y local es del 7,3 por ciento, mientras que allí donde se han mudado más ciudadanos es del 3,5 por ciento.
La tendencia, evidente, es doble. De un lado, allá donde la fiscalidad ha sido más confiscatoria a lo largo del tiempo, las restricciones de la libertad impuestas en los últimos años por los gobernantes —y apoyada por la mayoría de los contribuyentes— han sobrepasado cualquier límite. De otro, los movimientos migratorios dentro de los Estados Unidos han fluido hacia lugares en los que encuentra menos resistencia la forma de vida que ha forjado la sociedad occidental a través de la familia, la educación de los hijos, el trabajo, la participación en celebraciones religiosas o la libertad de transitar el territorio sin necesidad de salvoconductos.
