La Audiencia Provincial de Madrid juzgará este miércoles a Antonia Alcázar, alcaldesa socialista de Velilla de San Antonio, por un presunto delito continuado de prevaricación urbanística y ambiental. La regidora se sentará en el banquillo junto al concejal de Urbanismo y dos técnicos municipales por la supuesta inacción del Ayuntamiento ante las denuncias vecinales contra un restaurante del municipio.

La causa afecta de lleno a la alcaldesa de esta localidad madrileña de algo más de 14.000 habitantes y llega en un momento especialmente incómodo para el PSOE. Antonia Alcázar es hermana de Gertrudis Alcázar, secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo nombre aparece también en la investigación abierta por la Audiencia Nacional sobre la presunta trama vinculada al caso Plus Ultra.

El procedimiento que se verá ahora en Madrid no guarda relación directa con esa causa, pero coincide en el tiempo con el avance de las pesquisas sobre el entorno del expresidente del Gobierno. En el caso de Velilla de San Antonio, la Fiscalía acusa a la alcaldesa y al resto de investigados de haber desatendido de forma reiterada las quejas de los vecinos por la actividad del restaurante El Casón de la Quinta de San Antonio.

Según el escrito del Ministerio Público, los responsables municipales habrían incumplido de manera deliberada sus obligaciones en materia de disciplina urbanística, protección ambiental y salud vecinal desde al menos 2019. La acusación sostiene que el Ayuntamiento no actuó con la diligencia exigida pese a las denuncias presentadas por los residentes de la zona.

El local disponía de licencia como restaurante desde 2006, pero, según la Fiscalía, no contaba con autorización para organizar celebraciones en sus espacios exteriores. En esas zonas se habrían celebrado bodas, bautizos y comuniones con música a elevado volumen, uso de pirotecnia y concentración de asistentes hasta altas horas de la madrugada.

Las molestias denunciadas por los vecinos no habrían tenido una respuesta eficaz por parte del consistorio. Aunque se llegaron a abrir cuatro expedientes administrativos, todos ellos quedaron paralizados y ninguno terminó con una resolución definitiva. Para el Ministerio Público, esa falta de actuación habría supuesto una vulneración de las obligaciones municipales recogidas en la normativa urbanística de la Comunidad de Madrid.

La Fiscalía considera que Alcázar y los otros acusados no realizaron las inspecciones necesarias ni adoptaron medidas para frenar una actividad que, según las denuncias, se desarrollaba fuera de los límites autorizados. Por ello, les atribuye una conducta continuada de omisión en el ejercicio de sus responsabilidades públicas.

El juicio se celebra además en plena repercusión del caso Plus Ultra, donde aparece mencionada Gertrudis Alcázar. En esa investigación, el juez José Luis Calama atribuye a la secretaria de Zapatero un papel operativo relevante dentro de la presunta trama de blanqueo de capitales investigada por la UDEF.

Según las diligencias conocidas, Gertrudis Alcázar habría participado en la elaboración de documentación destinada a dar apariencia legal a determinados pagos investigados. El magistrado llegó a autorizar un registro ante el riesgo de que pudieran alterarse o destruirse datos relevantes para la causa, dada la documentación que manejaba.

Para Antonia Alcázar, el Ministerio Público solicita tres años de prisión, una multa de veinte meses con una cuota diaria de 15 euros y una inhabilitación especial de doce años para desempeñar cualquier empleo o cargo público relacionado con funciones urbanísticas o medioambientales. La misma petición se extiende al resto de acusados por su presunta responsabilidad en la actuación municipal investigada.