La mitad de los inmigrantes ilegales a los que se hace la prueba radiológica en la Comunidad de Madrid resultan ser adultos. La Fiscalía madrileña revela en su Memoria correspondiente a 2025 y avanzada por OkDiario que, de los 786 procedimientos de determinación de edad concluidos durante el pasado ejercicio, en 346 casos se determinó la mayoría de edad, alrededor del 44%. El Ministerio Público alerta por ello de posibles «fallos en los filtros» de entrada al sistema de protección.
La Fiscalía considera especialmente preocupante que personas que aseguran ser menores puedan terminar compartiendo instalaciones con niños y adolescentes. En su informe advierte de que esta situación puede provocar que los recursos públicos destinados a la infancia no lleguen a quienes realmente los necesitan y, al mismo tiempo, generar «riesgos y peligros» dentro de los centros de protección.
Durante 2025 se aceleró además la resolución de estos procedimientos gracias al refuerzo de personal y a una reorganización del servicio. Los 786 casos resueltos representan un aumento del 67,2% respecto a 2024, cuando se finalizaron 470. Paralelamente, se abrieron 611 nuevas diligencias para determinar la edad, frente a las 911 del ejercicio anterior, una caída relacionada con el descenso de llegadas de menores extranjeros indocumentados a Madrid.
La Fiscalía sostiene que también han mejorado los mecanismos de identificación en los puntos de entrada a España. Según explica, se está informando a los jóvenes que llegan de manera irregular de la importancia de aportar su edad e identidad reales, con el objetivo de iniciar cuanto antes las comprobaciones cuando existan dudas. El propósito es evitar que lleguen a Madrid personas inicialmente consideradas adultas que posteriormente aseguran ser menores.
Las comprobaciones pueden incluir exploraciones médicas y diferentes técnicas, entre ellas radiografías de carpo, análisis dental del tercer molar o estudios de la clavícula, siempre bajo criterio médico. El resultado no establece una edad exacta, sino una horquilla acompañada del correspondiente margen de error. Cuando un extranjero indocumentado afirma ser menor y existen dudas razonables, la Fiscalía puede ordenar estas actuaciones para decidir si debe ser incorporado al sistema de protección de menores.
La Memoria recoge asimismo que en 2025 fueron archivados 5.562 expedientes de protección de menores, casi un 35% más que el año anterior. Al finalizar diciembre continuaban abiertos aproximadamente 8.700. La Fiscalía atribuye parte de esta actualización a la recuperación de las labores de revisión y a la utilización de nuevas herramientas para comprobar el estado procesal de cada expediente.
El organismo también señala problemas para disponer de traductores de lenguas africanas, especialmente bambara, wolof, poular y mandinga. La falta de intérpretes obligó a suspender una docena de comparecencias pese a que las personas afectadas ya se encontraban presentes. La Fiscalía reclama por ello una regulación más precisa del procedimiento de determinación de edad y mayores garantías jurídicas.
A escala nacional, la Fiscalía General del Estado contabilizó en 2025 cerca de 8.000 procedimientos relacionados con la determinación de edad y unos 3.900 permanecían pendientes al terminar el ejercicio. Entre los territorios sometidos a una mayor presión aparece Ceuta, donde la carga de trabajo se ha incrementado especialmente después de la entrada masiva registrada los días 30 y 31 de julio.
La situación ha obligado a reforzar la Fiscalía de Área de Ceuta con tres fiscales procedentes de la Península, elevando temporalmente la plantilla de ocho a once miembros. El refuerzo permanecerá inicialmente hasta finales de diciembre, cuando se decidirá si debe prolongarse ante el aumento de los expedientes vinculados a menores y de las actuaciones penales.
La memoria madrileña dedica además un amplio apartado a la delincuencia juvenil. Durante 2025 se registraron 663 infracciones por agresión sexual, un 12,2% más que el año anterior, además de 566 robos con violencia o intimidación, 309 robos con fuerza y 145 delitos contra la salud pública. También se contabilizaron 23 homicidios o asesinatos en grado de tentativa cometidos por menores.
El Ministerio Público muestra especial preocupación por los 2.856 menores de 14 años implicados en conductas disociales y por la presencia de adolescentes vinculados a bandas juveniles en enfrentamientos donde se utilizan armas. También detecta una creciente participación de miembros de los Dominican Don’t Play y los Trinitarios en estafas cometidas a través de Internet.
Para la Fiscalía, estas cifras reflejan una creciente banalización de la violencia y de determinadas conductas sexuales entre adolescentes. El organismo reclama una intervención educativa temprana, con especial implicación de las familias y del entorno social, para evitar que los jóvenes normalicen comportamientos violentos o delictivos.
