El exministro José Luis Ábalos afronta un giro clave en su estrategia judicial en el Tribunal Supremo: marcar distancias con su exasesor Koldo García para evitar que se le atribuya el dinero en efectivo que este manejaba y que la Fiscalía vincula a una presunta trama de corrupción.

Tras la primera semana de juicio, las defensas ya trabajan en redefinir sus posiciones, y en el caso de Ábalos la línea es clara. Según fuentes jurídicas, sus letrados intentarán demostrar que el circuito de dinero en metálico operaba al margen del exresponsable de Transportes y que todas las actividades económicas relevantes eran gestionadas directamente por Koldo.

La Fiscalía Anticorrupción mantiene la tesis contraria. Considera que el exasesor manejaba fuentes de dinero presuntamente ilegales que “con frecuencia se confundían” con las del propio Ábalos. En ese contexto, los investigadores incluyen como fondos sin justificar del exministro tanto el dinero recogido en la sede del PSOE en Ferraz como las entregas realizadas en República Dominicana a través del entorno de Koldo.

Frente a esa acusación, la defensa del exdirigente socialista prepara la presentación de un esquema alternativo de ingresos y gastos que separe ambos patrimonios. El objetivo es convencer al tribunal de que el incremento patrimonial y los movimientos de efectivo de Koldo García no pueden trasladarse automáticamente a Ábalos.

Este movimiento estratégico se produce pese a los indicios recogidos por la Unidad Central Operativa (UCO), que detectó un desfase entre los ingresos declarados por Ábalos y su nivel real de gasto. Las investigaciones apuntan a que el exministro llegó a manejar al menos 95.400 euros en efectivo sin declarar entre 2014 y 2024, mientras que parte de sus gastos personales —incluidos pagos de pensiones, regalos o billetes de tren— fueron abonados directamente por su exasesor.

Dos estrategias enfrentadas

En paralelo, la defensa de Koldo García seguirá una línea distinta. Su objetivo es sostener que el dinero en efectivo que manejaba procedía del PSOE y respondía a un sistema interno de gestión de gastos. Su abogada, Leticia de la Hoz, defiende que esos fondos eran liquidaciones realizadas en nombre de otros miembros del partido.

Esta estrategia se apoya en el reconocimiento de un “descontrol interno” en Ferraz, que podría diluir la responsabilidad individual de Koldo y trasladar el foco hacia el funcionamiento interno del PSOE.

El origen de esos fondos sigue bajo investigación en una causa separada en la Audiencia Nacional, donde el juez Ismael Moreno analiza la documentación aportada por el partido, incluidos justificantes de gastos de distintos dirigentes.

Con este escenario, el juicio entra en una fase decisiva en la que Ábalos intenta romper su vínculo con Koldo García para evitar quedar arrastrado por la gestión de un dinero en efectivo cuyo origen y destino siguen bajo sospecha.