La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo celebra este jueves en Madrid la audiencia preliminar del procedimiento por la trama de las mascarillas. Comparecen el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, 77 días después de que abandonaran el alto tribunal rumbo a la prisión madrileña de Soto del Real en un coche policial. Es la primera vez que ambos salen de la cárcel para acudir a una diligencia judicial desde su ingreso el pasado 27 de noviembre.

La imagen contrasta con su anterior paso por el Supremo, cuando accedieron por su propio pie. Ahora regresan en furgón policial y por decisión expresa de la Sala que debe juzgarles. Los magistrados han rechazado su petición de intervenir por vía telemática y han ordenado su presencia física en un trámite que la ley considera imprescindible antes de fijar la fecha del juicio oral.

No se trata de una vista cualquiera. Es la primera audiencia preliminar que celebra el Supremo al amparo del artículo 785 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tras la reforma que entró en vigor en 2025. Este nuevo trámite permite a las partes debatir sobre posibles conformidades, la competencia del órgano judicial, vulneraciones de derechos fundamentales, nulidades, suspensión del juicio o la validez y alcance de las pruebas propuestas. También abre la puerta a incorporar informes o documentos adicionales y a plantear nuevas pruebas que no se conocieran en el momento de presentar los escritos de acusación o defensa.

El exsecretario de Organización del PSOE se sentará en el banquillo por las adjudicaciones de contratos de material sanitario a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al empresario Víctor de Aldama. En la causa también figuran los supuestos enchufes de personas de su entorno en empresas públicas, el arrendamiento de un chalé en La Línea de la Concepción y la estancia del ex ministro en una vivienda vacacional en Marbella, entre otros hechos investigados.

Desde su ingreso en prisión provisional, la situación judicial de Ábalos no ha mejorado. La Sala de lo Penal ha ratificado que existen indicios sólidos de criminalidad en su contra. La Fiscalía Anticorrupción solicita para él 24 años de cárcel por delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada.

Al confirmar la medida privativa de libertad, el Supremo sostuvo que el riesgo de una condena es elevado y, en consecuencia, también lo es el peligro de fuga. Un argumento que ha pesado en la decisión de mantenerle en prisión mientras avanza el procedimiento.

En paralelo, el exdirigente socialista renunció a su escaño en el Congreso de los Diputados durante estos 77 días. Ese movimiento llevó a su defensa y a la de Koldo García a solicitar que la causa se remita a la Audiencia Nacional, al entender que ya no existen aforados. La Fiscalía, sin embargo, sostendrá en la audiencia que la competencia sigue correspondiendo al Supremo, dado que la apertura de juicio oral fue acordada cuando Ábalos aún conservaba su acta y, por tanto, su condición de aforado.

La Sala que preside el magistrado Andrés Martínez Arrieta y que integran, entre otros, Manuel Marchena y Julián Sánchez Melgar, será la encargada de dirigir esta audiencia inédita. Con ella se abre formalmente la recta final antes de un juicio que puede marcar un antes y un después en la crisis política que ha sacudido al antiguo núcleo duro del PSOE.