ERC, PdCAT, CUP, Omnium y ANC debe ser desarticuladas e ilegalizadas por ser organizaciones criminales.
La rebelión separatista no empezó el 1 de octubre de este año, sino que lleva años fraguándose. Por eso, desde hace varios años, desde VOX venimos exigiendo la intervención de la autonomía en Cataluña y el procesamiento de los líderes del golpe por el delito de conspiración para la rebelión, entre otros.
Aunque tarde, muy tarde a nuestro juicio, el Gobierno y la Fiscalía han actuado. La realidad es que los golpistas están puestos a buen recaudo y el golpe ha fracasado momentaneamente. Honestamente. ¿Quién ha parado el golpe? La presión del pueblo español y la presión de SM El Rey.
Pero nuestra democracia y nuestra nación no pueden bajar la guardia. Los golpistas volverán a intentarlo. No sería la primera vez en la Historia que los golpistas se aprovechan de la tolerancia del sistema democrático y terminan por imponer un régimen totalitario. El ejemplo más reciente es del de Hugo Chávez, autor de un golpe de estado en 1992, que acabó por imponerse en unas elecciones democráticas siete años después e instauró un régimen liberticida en Venezuela.
Algo parecido puede pasarnos en España si nos limitamos a procesar a los cabecillas del golpe, pero permitimos que las organizaciones políticas y sociales que han sido el vehículo para perpetrar la rebelión mantengan intacta su capacidad organizativa. Por eso estamos convencidos de que los partidos y asociaciones golpistas tienen, necesariamente, que ser puestas fuera de la Ley.
Nuestra democracia no puede permitir que unas entidades que han participado en un golpe de Estado, han declarado abolida la constitución y proclamado la independencia de una parte de territorio nacional, continúen participando en el juego político y nutriéndose de importantes fondos públicos.
No estamos pidiendo que sean ilegalizados por sus ideas, sino por sus acciones delictivas organizadas tendentes a subvertir el orden cosntitucional, la paz social y la unidad nacional. En España no es posible ilegalizar un partido por tener entre sus fines la independencia de una región. Aunque debería ser posible como lo es en Alemania y Portugal. Mientras tanto exigimos que estos partidos sean ilegalizados por los actos que han cometido, por su ataque a las leyes y a los principios democráticos, por su desobediencia a los tribunales.
También exigimos que la responsabilidad penal por los actos de rebelión y sedición no caiga sólo sobre los lideres, sino también sobre las propias organizaciones golpistas, que también, según la reciente modificación de nuestro código penal, son responsables penales de las actuaciones perpetradas por sus líderes.
Las leyes amparan nuestra petición. La Ley de Partidos establece que un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos. Y nada hay más antidemocrático que arrogarse la voz de todo el pueblo catalán para derogar la Constitución y el Estatuto de Autonomía y separar a Cataluña por medio de un referéndum ilegal celebrado sin ningún tipo de garantías.
En nuestra opinión, la precipitada convocatoria de elecciones para el próximo 21 de diciembre es una moneda al aire. Y deberían ser suspendidas por el Gobierno de la Nación que nunca debió convocarlas con esa precipitación suicida. Existe la posibilidad de que los partidos golpistas, apoyados por Podemos, consigan retener el gobierno de la Generalidad y mantengan íntegra su capacidad de adoctrinamiento y manipulación de la sociedad catalana por medio de la educación y los medios públicos de comunicación.
Si esto es así, lejos de haber solucionado el problema, solo lo habremos retrasado. Y, a buen seguro, tendremos un nuevo desafío aun mayor que el que hemos afrontado.
Será entonces cuando nos arrepentiremos de no haber utilizado todos los instrumentos que el Estado de Derecho pone a nuestra disposición para salvaguardar nuestra democracia y la unidad de nuestra Patria.
Con ese pensamiento, instaremos en los próximos días a la Fiscalía y al Gobierno de la Nación para que cumplan la ley e inicien los trámites de ilegalización de los mencionados partidos sediciosos y golpistas.
Santiago Abascal
Presidente de VOX
Vox conseguiría un escaño en el Congreso si se celebraran nuevas elecciones
