La publicación del contenido de los papeles incautados por la Policía Nacional a los Mossos ha sacado a la luz el espionaje al que sometían a personalidades catalanas
Este viernes, el despacho de abogados Fuster-Fabra ha presentado una querella en los juzgados de Instrucción de Barcelona contra los agentes de los Mossos d’Esquadra que realizaron varios seguimientos en el mes de junio de 2017 al abogado José María Fuster-Fabra. La Gaceta se ha puesto en contacto con el despacho -con sede en Barcelona y Madrid- donde han explicado que además se ha realizado una comunicación al Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y la Abogacía del Estado al respecto de la querella interpuesta.
Además de la gravedad de los hechos consistentes en el espionaje de un letrado mediante el empleo de recursos públicos, la querella, a la que ha tenido acceso este diario, hace hincapié en la labor que el despacho Fuster-Fabra hace en la defensa y asesoría jurídica de los agentes del cuerpo policial autonómico. El bufete mantiene acuerdos con varios sindicatos de Mossos a cuyos afiliados ofrece coberturas jurídicas.
Como señala el escrito presentado: “Lo acontecido reviste una mayor gravedad toda vez que el asesoramiento profesional realizado a los Mossos d’Esquadra, en ocasiones lo ha sido en relación con expedientes administrativos abiertos por la propia Administración contra Mossos d’Esquadra, donde el letrado he ejercido el derecho de defensa de estos miembros policiales” con lo que el espionaje a Fuster-Fabra supone que “la propia Administración espiaba a quien asesoraba a los investigados por ella misma”.
La información publicada sobre las reuniones mantenidas por el letrado durante los días 6 y 7 de junio pasados se encuentran “grabadas y fotogradiadas” y constan, en el informe realizado por los Mossos sobre los seguimeintos que se reunió con miembros del Partido Popular de Cataluña y de Plataforma Per Catalunya, un extremo que el denunciante niega en la querella presentada, señalando que “no tiene vinculación ni relación alguna con el Partido Popular ni con Plataforma por Cataluña”.
Los posibles delitos que recoge la querella podrían haber sido cometidos tanto por los “Funcionarios del Cuerpo de Mossos d’Esquadra que realizaron los seguimientos y elaboraron los informes” como por “todas quellas personas, funcionarios o no, que dieron las órdenes para efectuar tales hechos” y “todas aquellas personas físicas o jurídicas que (…) pudieran aparecer igualmente como responsables de los hechos”.
Entre los delitos señalados por la querella en los que podrían aber incurrido los querellados se encuentran: “la malversación de caudales públicos (…), la prevaricación (…), el descubrimiento y revelación de secretos (…) vulnerándose de esta forma el derecho de defensa, (…) obstrucción a la Justicia…”
Décadas de servicios jurídicos a los Mossos
La querella también recoge el largo historial del despacho Fuster-Fabra prestando servicios jurídicos a los Mossos. Representó los intereses de Santos Santamaría, único Mosso asesinado popr la banda terrorista de ultraizquierda ETA. Desde entonces ha defendido a numerosos funcionarios policiales de ese cuerpo en casos que tuvieron mucha presencia en los medios de comunicación.
Entre los más destacados se encuentran algunos como el “caso vídeo de Les Corts”, en el que consiguió que los agentes que se enfrentaban a una pena de cárcel de cinco años por un supuesto caso de abuso de autoridad se saldase con una multa de 600 euros por lesiones.
En el “Caso Raval”, seguido tras la muerte de Juan Andrés Benitez también consiguió un acuerdo para los Mossos, que se enfrentaban a un cargo de homicidio y finalmente no tuvieron que entrar en prisión. También participó como abogado de los agentes en los sucesos del 12 de octubre y el desalojo de la Plaza de la Unversidad, o en el caso de Plaza Molina y representó al Mosso que intentaron degollar en una comisaría.
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