La multinacional Acciona ha admitido ante la Agencia Tributaria que abonó 677.584 euros a la empresa Servinabar 2000 SL por trabajos cuya realización no ha podido acreditar. La compañía, controlada por la familia Entrecanales, ha reconocido además que existen «dudas fundadas sobre la autenticidad» de los propios documentos de pago, detalla El Confidencial.
Los abonos se realizaron a través de 48 facturas emitidas entre 2021 y 2024 por Servinabar 2000 SL, la constructora que presuntamente utilizó el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, para canalizar el cobro de comisiones ilegales vinculadas a adjudicaciones de obra pública.
La información consta en varias autoliquidaciones complementarias del Impuesto de Sociedades y del IVA que Acciona presentó el pasado 18 de diciembre, con el objetivo de regularizar sus declaraciones correspondientes a los ejercicios 2021-2024.
En los escritos remitidos a Hacienda, titulados Regularización de la prestación de unos servicios cuya materialización no ha podido ser constatada y sobre los que existen dudas fundadas de la autenticidad de su soporte documental, Acciona reconoce haber contabilizado facturas que no resultan deducibles al corresponder a servicios que no llegaron a prestarse.
La empresa solicita ahora a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes que elimine de sus declaraciones las 48 facturas abonadas a Servinabar, distribuidas del siguiente modo: siete en 2021, 11 en 2022, 14 en 2023 y 16 en 2024.
Estas operaciones se encuentran bajo investigación tanto del Tribunal Supremo como de la Audiencia Nacional, en el marco de las diligencias sobre el presunto amaño de contratos públicos.
La confesión fiscal de Acciona refuerza la tesis de los investigadores sobre el papel instrumental de Servinabar 2000 SL en el presunto cobro de sobornos. Además de Santos Cerdán, figuran como investigados su socio en la constructora, Antxon Alonso; el exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García Izaguirre; directivos de Acciona que habrían promovido la manipulación de licitaciones; y responsables políticos y administrativos que habrían adulterado los concursos.
La UCO sostiene que Cerdán canalizaba las mordidas mediante la emisión de facturas por trabajos ficticios. En varios concursos, Servinabar concurrió en UTE con Acciona y con otras empresas que habrían operado bajo el mismo esquema.
Entre los proyectos investigados figura la construcción del tramo Arrúbal-Navarrete en La Rioja, adjudicado en 2019 a la UTE Acciona Construcción-Aquaterra. La obra fue concedida por la Dirección General de Carreteras que dirigía entonces Javier Herrero, también imputado. Según la UCO, al conocerse las ofertas Herrero escribió a Koldo García: «Bingo!!! En Logroño». Minutos después, Koldo informó a Cerdán: «Ya está en La Rioja hecho».
También aparecen bajo sospecha las facturas de la UTE Archivo Navarra y de la UTE Ripagaina VPO, adjudicataria en 2018 de la construcción de 62 viviendas de protección oficial en Pamplona.
El reconocimiento de Acciona forma parte de un informe de la Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, que ha sido remitido al Tribunal Supremo. Hacienda advierte al alto tribunal de la información que obra en su poder y solicita instrucciones, consciente de que la vía penal prima sobre la administrativa.
