El Gobierno de Pedro Sánchez, a través de la Dirección General de la Policía (DGP), ha decidido sancionar con tres meses de suspensión de empleo y sueldo a David Gutiérrez Prieto, portavoz nacional de la Confederación Española de Policía (CEP). La medida llega después de que el representante sindical denunciara públicamente la gestión del Ministerio del Interior durante la DANA de Valencia y los fallos de las pulseras antimaltrato impulsadas por el Ministerio de Igualdad.
Según ha comunicado el propio sindicato, el expediente disciplinario se ampara formalmente en publicaciones en redes sociales en las que Gutiérrez aparecía con el uniforme reglamentario. Sin embargo, desde la CEP sostienen que se trata de una «excusa» para castigar su labor de denuncia. El portavoz ha comparecido en comisiones de investigación del Senado y de las cortes valecianas, así como en programas de televisión, donde ha criticado con dureza la actuación de Interior bajo Fernando Grande-Marlaska.
En relación con la catástrofe de octubre de 2024, Gutiérrez y otros representantes policiales han reiterado que el Ministerio no autorizó un despliegue inmediato y masivo de la Policía Nacional en los primeros días de la emergencia. Afirman que hubo «silencio administrativo» ante las peticiones de refuerzos y que muchos agentes se vieron obligados a cogerse días libres o a desplazarse por su cuenta para ayudar en las zonas afectadas. El propio Gutiérrez ha declarado en sede parlamentaria que «mi Gobierno me robó la posibilidad de ayudar a los valencianos con el uniforme».
A estas críticas se suman las referidas a las pulseras antimaltrato del Ministerio de Igualdad. El portavoz de CEP ha denunciado deficiencias técnicas y fallos de geolocalización en estos dispositivos, llevando el asunto incluso ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Estas denuncias coinciden en el tiempo con investigaciones abiertas por la Fiscalía Europea sobre la contratación y gestión de dichos sistemas.
Desde el sindicato califican la sanción de «represalia» y de un intento de silenciar a quienes alzan la voz en defensa de los agentes y de la seguridad ciudadana. «Dar la cara de verdad por los compañeros tiene un coste», han afirmado en un comunicado. La decisión ha generado un amplio rechazo en sectores policiales y en la oposición, que acusan al Gobierno de utilizar el régimen disciplinario para reprimir las críticas a su gestión.
Hasta el momento, ni la Dirección General de la Policía ni el Ministerio del Interior han ofrecido una explicación adicional más allá del motivo formal recogido en el expediente. La sanción a Gutiérrez se produce en un contexto de creciente tensión entre varios sindicatos policiales y la cúpula de Interior, en medio de otras polémicas relacionadas con la gestión de emergencias y la protección de los agentes.