Los socios parlamentarios de Pedro Sánchez no pierden el tiempo y aceleran para pasar al cobro las facturas pendientes de una legislatura herida por la corrupción y que puede zozobrar en cualquier momento. Este miércoles, el bloque de investidura concedió al presidente una prórroga consciente de que su fecha de caducidad podría llegar más pronto que tarde, mientras las investigaciones de la Guardia Civil y las decisiones judiciales siguen desentrañando las ramificaciones de las tramas que afectan al Gobierno y al PSOE.
El mensaje que marcó la pauta lo lanzó el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, tras reunirse en La Moncloa con Sánchez, ya señalado por la UCO como «tocado» por las mordidas de la trama Ábalos-Koldo. «Aprovechemos el tiempo que a esto le quede para avanzar (…) No sé cuánto va a durar, no sé lo que va a pasar y por eso creo que tenemos que aprovechar», dijo entonces Rufián, consciente de la fragilidad del presidente y dejando clara la estrategia de los socios: apurar sus exigencias mientras puedan.
En la fila de acreedores destacan ERC y el PNV, seguidos de Junts y del socio menor del Gobierno, Sumar. Todos maniobran para saldar cuentas antes del verano o, como mucho, a la vuelta en septiembre.
ERC: agencia tributaria catalana
Los republicanos catalanes verán el lunes cómo el pacto para una financiación «singular» de Cataluña —a cambio de apoyar la investidura de Salvador Illa— se eleva a categoría de acuerdo entre los dos gobiernos. El plan incluye una proposición de ley para que la Agencia Tributaria Catalana gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos en la región, empezando por el IRPF en 2026.
PNV: Seguridad Social y desempleo
El martes será el turno del PNV, en la comisión bilateral que negocia la culminación del Estatuto de Guernica para 2025. El lehendakari Imanol Pradales visitará a Sánchez en Moncloa para concretar un nuevo paquete de transferencias que incluye, como pieza central, la gestión vasca de la Seguridad Social y de las políticas de desempleo, áreas que los nacionalistas priorizan ante lo que califican de «lodazal madrileño».
Junts: justicia catalana
Junts, por su parte, intenta colar en la reforma de la Justicia que tramita Bolaños una batería de enmiendas para poner las bases de un poder judicial propio en Cataluña. Exigen un Consejo de Justicia catalán, la supresión de la Audiencia Nacional y la limitación de funciones del Tribunal de Cuentas. Aunque el proyecto se tramita por la vía de urgencia, fuentes parlamentarias reconocen que difícilmente estará listo para votarse antes del Pleno previsto para el día 22 y podría posponerse a septiembre.
Sumar: permisos y jornada laboral
En el ala izquierda, Sumar también corre para intentar «resetear» la legislatura con medidas de su agenda social. Yolanda Díaz asegura tener preparado un decreto ley para ampliar los permisos por nacimiento a 20 semanas y retribuir cuatro de las ocho semanas de permisos parentales. Su objetivo es que el Consejo de Ministros lo apruebe el próximo martes para convalidarlo en el Pleno del 22. En caso contrario, la medida quedaría retenida hasta después del verano. Por su parte, la reducción de la jornada laboral —la propuesta estrella de Díaz— se tambalea por el rechazo explícito de Junts, que ya ha anticipado que no la respaldará.
Así, mientras el calendario judicial avanza y las investigaciones sobre las mordidas ponen en la cuerda floja al presidente, sus aliados se apresuran a cobrarse en ventajosos acuerdos el precio de su apoyo. Nadie en el bloque oculta ya que el tiempo de Sánchez se agota.