Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y víctimas del terrorismo han creado un grupo de trabajo para «frenar» los «desmanes» del PNV y del PSE y evitar que agravien «con total impunidad» la dignidad de las víctimas de ETA y de los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.
Este grupo ha sido constituido después de que haya trascendido la intención de retirar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Abogacía del Estado en mayo de 2017 contra la Ley de Atención a Víctimas de Abusos Policiales en el País Vasco, aprobada por la cámara autonómica en 2015.
Según recuerdan los sindicatos y asociaciones que conforman el grupo, el recurso ante el Tribunal Constitucional se basó en que podría estar vulnerándose la Constitución al atribuir a un grupo de «expertos» la función de investigación y resolución de supuestos delitos de tortura.
Los sindicatos policiales en el País y Vasco y Navarra SUP, CEP, UFP y SPP, apoyados por sus direcciones nacionales; la asociación de guardias civiles AUGC, Covite y la Asociación de víctimas del terrorismo de las fuerzas de seguridad del Estado integran el grupo, con la colaboración técnica de la abogada del Estado Macarena Olona, quien precisamente fue la que interpuso el recurso.
Los promotores recuerdan que el delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, hizo pública tras reunirse con el lehendakari la predisposición del Ejecutivo central a que a lo largo de este mes se retirara el citado recurso o, en su defecto, a adecuar partes de la ley en el contexto de una negociación entre ambos gobiernos.
Tras ello, los miembros del grupo de trabajo anunciaron futuras medidas encaminadas a «defender la dignidad de quienes padecieron durante décadas la violencia de ETA, así como a evitar una narrativa de la actividad terrorista intoxicada y parcial» para que el relato se corresponda con la realidad de lo ocurrido, como ha dicho a Efe el secretario general del SUP en el País Vasco, Luis Mariano Rodado.
Dado el «el silencio» de las fuerzas políticas y estructuras sociales frente a los «atropellos» de la Administración, y ante lo que se considera una «injuria» a la profesionalidad de los agentes en la lucha contra el terrorismo con una «pretendida construcción de un relato paralelo que satisfaga a la izquierda abertzale», se ha decidido crear el grupo, al que se unen también personas anónimas.
La primera reunión tendrá lugar en fechas próximas para fijar iniciativas y determinar las líneas de actuación que se pondrán en marcha con un objetivo: «evitar que los desmanes y la debilidad» de los responsables políticos «agravien con total impunidad la dignidad de las víctimas de ETA y de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», resalta el comunicado.
Por su parte, Rodado ha recordado que con esa ley vasca a cualquiera que se le ocurra denunciar algún abuso policial se le puede considerar víctima sin comprobarlo. «Antes nos mataban y ahora nos persiguen», ha apostillado.
Rodado ha insistido en que este grupo, de carácter abierto, se ha constituido para perdurar más allá de la polémica ley y para «vigilar» las actuaciones del PNV y el PSE que puedan afectar al respeto que merecen las víctimas y los agentes.
