En el mes de diciembre, el Parlamento escocés aprobó una nueva ley trans, similar a la española impulsada por Podemos y la ministra de Igualdad, Irene Montero, que flexibiliza los trámites para que las personas transexuales obtengan un «certificado de reconocimiento de género».
La nueva norma, que actualmente se encuentra bloqueada porque el Gobierno de Reino Unido ha anunciado que la recurrirá a los tribunales, rebaja de 18 a 16 años el derecho a optar a un cambio de género, elimina el requisito de presentar un informe médico que avale la disforia de género, y establece que las personas que quieran optar a ese cambio en el registro deben certificar que llevan viviendo al menos tres meses con su nueva identidad –hasta ahora eran necesarios dos años–.
Entre otras consecuencias, de seguir adelante la nueva ley si el Gobierno de Rishi Sunak no tumba el proyecto de manera definitiva, facilitaría el acceso de hombres trans a espacios reservados originalmente a las mujeres como, por ejemplo, las cárceles femeninas. Una circunstancia que ya se da en prisiones del Reino Unido desde la aprobación en 2004 de la Ley de reconocimiento de género que ha provocado que algunos agresores hayan penetrado en cárceles de mujeres para reincidir.
El caso más reciente y mediático es el de Isla Bryson –Adam Graham hasta 2019– que decidió cambiar de nombre y de género tras ser detenido por dos presuntos casos de violación. El sistema judicial respetó su decisión y le envió a una cárcel de mujeres a cumplir la prisión provisional. En el juicio celebrado el pasado martes fue declarado culpable, lo que desató un escándalo en Reino Unido y motivó su traslado a una prisión masculina.
Sin embargo, no es el único. Martin Ponting fue condenado a cadena perpetua después de violar a dos menores, una de ellas discapacitada. En prisión comenzó su transición de género y, tras pedir el cambio de nombre a Jessica Winfield, solicitó su traslado a una cárcel de mujeres. Una vez allí, sus compañeras denunciaron agresiones sexuales por parte de Winfield, por lo que fue llevado a una celda de aislamiento.
Los de Bryson y Winfield son solo dos ejemplos del problema de seguridad que las leyes trans están provocando para las mujeres. Entre 2019 y 2022, al menos 521 agresores sexuales cambiaron su nombre en Escocia, según datos de la Policía recogidos por el portal de transparencia escocés. La mayoría de estos cambios se produjeron dentro del mismo sexo: entre hombres que cambiaron de nombre para evitar ser reconocidos después de haber sido condenados por algún delito.
Sin embargo, la nueva ley trans podría agravar el problema. Hasta ahora, si un condenado por agresión sexual decidía cambiar de nombre o domicilio debía notificarlo a la Policía; la nueva norma dice que, una vez que una persona cambia su sexo registral, «se convierte en una violación de su privacidad e intimidad el exponer o relevar su pasado bajo el sexo original», según declaraciones de Raquel Rosario Sánchez, activista de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, al diario The Objective. Es decir, la nueva ley dificulta el seguimiento de los agresores sexuales que cambien de sexo, lo que hace muy atractiva esta posibilidad.
Mientras la ley abre una nueva brecha entre el Gobierno que lidera Nicola Sturgeon y el de Rishi Sunak, otras reclusas están denunciando la situación que se vive dentro de las cárceles de mujeres.
Amanda Berson, expresa en una cárcel femenina en la que también están internados dos reclusos transgénero –uno condenado por asesinato y el otro por violencia doméstica–, ha relatado al diario Daily Record la situación que experimentó en prisión. «Todo el tiempo estaba en alerta máxima, mis nervios estaban agotados por el miedo. Estos hombres caminaban desnudos por el área de duchas comunitarias y, a veces, claramente excitados. Yo y el resto de mujeres estábamos en cubículos con solo una cortina para protegernos», ha detallado.
Por ello, ha acusado a Sturgeon de «servir mujeres a los depredadores en una plato arcoíris» y ha relatado que incluso se vio obligada a comenzar a utilizar un método anticonceptivo ante el miedo a quedarse embarazada.
«Ninguno parecía ser mujer. Se vestían como hombres, no usaban maquillaje, que yo sepa, no tomaban ninguna droga hormonal, parecían hombres», ha descrito Berson.
Tras las últimas polémicas, el Servicio Penitenciario Escocés ha anunciado que habrá una «revisión urgente» de todos los casos de personas transgénero en sus prisiones y ha asegurado que el movimiento de internos transgénero se detendrá hasta que se complete la revisión.
Así, y con el rechazo del Ejecutivo de Sunak a la nueva ley, Reino Unido parece querer dar marcha atrás en la legislación trans, una vez que ya se conocen, y se sufren, las consecuencias. Mientras tanto en España ya ha trascendido el primer caso.
Jonathan de Jesús, hoy en prisión, asesinó en 2018 a su prima propinándole 30 martillazos. Después la sodomizó y eyaculó sobre ella. Durante el último juicio, se declaró mujer y pidió que se le llamara Lorena durante las vistas.
Ahora, según ha rebelado su madre a El Mundo, Jonathan ha expresado su intención de ser trasladado a una cárcel de mujeres, aprovechando la oportunidad que le brinda el ministerio de Irene Montero y su Ley Trans que incluye la autodeterminación de género.
Desde Instituciones Penitenciarias aseguran no disponer del número de personas trans que están ingresadas en prisiones de mujeres y explican que basta la «mera voluntad» de un recluso para que cambie sus datos de sexo, sin necesidad de informe médico o modificación quirúrgica.
Para que se produzca el cambio de recinto sí se elaboran informes médicos y psicosociales para determinar si el solicitante sufre disforia de género. Sin embargo, estos informes, que también se piden en otros países como Estados Unidos, donde se conocen múltiples casos, no han evitado las agresiones que se han producido en las cárceles femeninas como consecuencia de las leyes trans.
En el contexto actual en el que al menos 300 agresores sexuales han sido beneficiados como consecuencia de la nueva ley del «sólo sí es sí» aumentando la inseguridad en las calles de España, las cárceles femeninas amenazan con convertirse en otro lugar de riesgo para las mujeres. Un nuevo «éxito» del Ministerio de Igualdad.
