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NO HAY CELDAS INDIVIDUALES

La ley trans de California causa estragos en el sistema penitenciario de mujeres

El gobernador del estado de California, Gavin Newsom. Europa Press

Las leyes «trans», del mismo corte que la aprobada en España, obra de la ministra Irene Montero, son una caja de sorpresas que no deja de aportar nuevas formas de horror en las sociedades que las consienten. Es el caso de una nueva ley californiana que, entre otras cosas, permite a hombres que se identifican como mujeres cumplir sus penas en prisiones de mujeres, algo que, como podría prever el que asó la manteca, está causando estragos en el sistema penitenciario de mujeres y creando un ambiente de terror y «caos emocional total», según Amie Ichikawa, demandante en una acción legal que tratar de invalidar la ley y de la que se hace eco The Epoch Times.

Desde 2020, cuando el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó el proyecto de ley (Ley de Respeto, Agencia y Dignidad Transgénero), Ichikawa asegura haber recibido innumerables correos de mujeres encarceladas que expresan sus temores ante el riesgo de agresiones, trastornos postraumáticos, embarazo y enfermedades de transmisión sexual.

Ichikawa, estuvo encarcelada en el Centro para Mujeres de California Central en Chowchilla durante cinco años. Recientemente fundó la organización sin ánimo de lucro Woman II Woman, que brinda recursos, educación y apoyo a mujeres actualmente encarceladas.

En las cárceles no hay celdas individuales, y el temor de muchas reclusas es tener que compartir la suya con, por ejemplo, un condenado por agresión sexual o violación o violencia de género que se ha declarado ‘mujer’.

La ley permite que un recluso que se identifique como transgénero, no binario o intersexual sea alojado, a su elección, con reclusos masculinos o femeninos. Una ley que, asegura Ichikawa, no beneficia a nadie. «Realmente ha creado una situación tóxica y diabólica», denuncia. «La gente tiene miedo. Las mujeres tienen miedo de decir cualquier cosa. Es paralizante».

Dijo que ha habido 40 casos de este tipo de hombres transferidos a prisiones de mujeres desde que la ley entró en vigor en enero de 2021 y actualmente hay casi 300 solicitudes más en proceso, con más de un tercio de delincuentes sexuales registrados. .

Para los interesados, en cambio, todo son ventajas. De hecho, los incentivos para que un delincuente se declare mujer son abrumadores. No necesitan operarse u hormonarse y vale su propia declaración personal, entran en un centro penitenciario más seguro para su integridad física que una cárcel de varones y, además, tienen acceso a un público femenino literalmente cautivo. Como en el caso de las «atletas trans», la ley parece cuidadosamente diseñada para fomentar el fraude, y con él el caos.

Para las mujeres, es el terror. No solo carecen ya de la intimidad mínima que siempre han tenido frente al sexo opuesto y se ven encerradas con individuos muy peligrosos, sino que ni siquiera pueden quejarse sin ser acusadas de «tránsfobas» y denunciadas por «acoso».

Las autoridades, por lo demás, han reaccionado con absoluto cinismo. No han preparado a las reclusas para el cambio, limitándose a informarlas de las opciones de que disponen en caso de quedarse embarazadas, una ocurrencia insólita hasta ahora en una prisión de mujeres. Lo sorprendente es que la ley fue aprobada con solo nueve votos en contra, e incluso el Caucus Legislativo de Mujeres de California, compuesto por docenas de senadoras y diputadas, lo respaldó. «Me dejó sin aliento saber cuánto apoyo había detrás de esto«, señala Ichikawa. «No sabía que tantos funcionarios electos odiaran tanto a las mujeres».

Ichikawa advierte que lo que ahora se vive en California pronto será la norma en todo el país y en todo el mundo. Y es algo que comprobamos a diario con esta extraña «fiebre trans» que parece haber contagiado a todo el planeta y que da a una exigua minoría el privilegio de cambiar todas las relaciones sociales vigentes durante milenios, con consecuencias que todavía no podemos prever en su totalidad.

La demanda de Ichikawa, presentada en noviembre de 2021 ante el Tribunal de Distrito Este de California, Fresno, alega que la ley viola los derechos federales y estatales de las mujeres actualmente encarceladas en las prisiones de California.

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