AnarcotiranĆa es el nombre del juego al que casi todos los gobiernos de Occidente juegan ahora. Usted, apuesto mis ingresos de un mes, vive bajo la anarcotiranĆa, aunque nunca haya oĆdo la palabra, aunque el gobierno bajo el que viva lleve la etiqueta de izquierda o la de derecha, porque los nombres siempre sobreviven a los conceptos.
AnarcotiranĆa significa tiranĆa para unos, los ciudadanos, digamos, normales, los cumplidores de la ley, la mayorĆa social, a los que se imponen las normativas mĆ”s liberticidas, mĆ”s inconcebiblemente restrictivas, mĆ”s costosas y empobrecedoras; y anarquĆa para los otros, para los que mandan y para sus grupos protegidos, las Ā«vĆctimas certificadasĀ», las tribus que constituyen la fuerza de choque del progresismo. La anarcotiranĆa tiene precisamente su excusa en la Ā«ampliación de derechosĀ» –a costa de todos los demĆ”s– de esos grupos protegidos, de esas mascotas del poder.
AnarcotiranĆa, en toda su crueldad, es lo que acaba de disponer el Tribunal Supremo de Texas (un estado gobernado por un republicano, un estado Ā«conservadorĀ») en el caso de un hombre que lleva aƱos luchando para que no apliquen la castración quĆmica a su hijo, menor de edad, con la excusa de que la madre, que tiene la custodia, ha decidido que, en realidad, es una niƱa.
Jeffrey Younger ha perdido el caso en el alto tribunal en una demanda interpuesta para evitar que su exmujer se llevara al hijo de ambos a California, donde podrĆa hacer la transición mĆ©dica. Younger, que lleva aƱos luchando, dice que ya lo ha intentado todo y no le queda mĆ”s por hacer. La suerte estĆ” echada.
En 2019, un jurado de Dallas se pronunció contra Younger, el padre que estĆ” intentando proteger a su hijo, entonces de 7 aƱos, James, de la castración quĆmica inherente a la Ā«transiciónĀ» al gĆ©nero femenino. Eso significa que la madre de James, Anne Georgulas, podrĆ” seguir adelante con su intención de convertirlo en Ā«LunaĀ», ahora con el respaldo de las autoridades para empezar a tratarle con bloqueadores de la pubertad y, mĆ”s adelante, con tratamientos hormonales que deberĆ” mantener toda su vida si eligiera seguir ese camino.
MÔs humillante aún, es probable que el veredicto también signifique que Younger quede obligado a «afirmar» a James como «Luna» e incluso asistir a clases de «concienciación» transexual. Porque ese es el detalle de verdadero sadismo que incluye la legislación trans, incluida la ley de Irene Montero recién aprobada en España: no basta con «tolerar»; hay que «afirmar». Al antiguo tirano le bastaba nuestra obediencia; el de hoy, exige nuestro entusiasmo.
Ā«El Tribunal Supremo se ha opuesto a mi demanda, rescindiendo efectivamente mi patria potestad. Mis hijos pueden ya ser castrados quĆmicamente en California. Texas es un imperio de abuso infantil, dirigido por jueces de TexasĀ», ha declarado Younger. Esto, despuĆ©s de que la jueza Kim Cooks decretara que ambos padres deberĆan tener una Ā«tutela de gestión conjuntaĀ», en la que cada uno pueda tener Ā«opinión en su tratamiento mĆ©dicoĀ».
Younger habĆa emitido una petición el 16 de diciembre para tratar de conservar sus derechos de paternidad despuĆ©s de que su exesposa se llevara a los niƱos a California.
Desde el pasado domingo, California tiene en vigor una ley que establece que los niños en ese estado no serÔn devueltos a su estado de origen en caso de que el estado de origen impida que los niños hagan la transición médica para presentarlos como del sexo opuesto.
Porque el pequeño James no puede votar, no puede beber alcohol o fumar, no puede conducir, no puede emprender acciones legales por su cuenta; ni siquiera puede ir a una excursión del colegio sin permiso de sus padres, porque el Estado entiende, siempre ha entendido, que no tiene edad para tomar decisiones cuyas consecuencias no estÔ maduro para comprender y consentir. Y, sin embargo, la ley le da el poder de decidir sobre algo que, ademÔs de imposible, tendrÔ efectos irreversibles para el resto de su vida.