Más de un centenar de casos de agresores y delincuentes que han cambiado su sexo en el Registro Civil han salido a la luz en España tras la aprobación de la ley trans impulsada por la exministra de Igualdad Irene Montero. La recopilación, elaborada por la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, recoge episodios conocidos públicamente desde la entrada en vigor de la norma y denuncia las consecuencias que la autodeterminación registral del sexo está teniendo sobre las protecciones jurídicas basadas en el sexo.
La organización feminista asegura haber documentado más de cien situaciones relacionadas con el uso de este procedimiento legal por parte de personas con antecedentes por delitos graves, entre ellos maltratadores, feminicidas o proxenetas de menores. El listado se ha elaborado a partir de informaciones que han trascendido a los medios de comunicación y se presenta en forma de mapa con distintos casos repartidos por España.
Desde el colectivo advierten de que la cifra real podría ser superior, ya que el registro sólo incluye episodios que han tenido difusión pública. Denuncian además la falta de transparencia institucional a la hora de facilitar datos oficiales que permitan conocer el impacto real de la norma.
La polémica ley aprobada durante el mandato de Irene Montero introdujo la posibilidad de modificar el sexo registral mediante un procedimiento basado en la autodeterminación, sin necesidad de informes médicos o psicológicos. Diversas organizaciones feministas ya alertaron durante su tramitación de los riesgos que este cambio jurídico podía implicar para las políticas de igualdad y para las medidas de protección basadas en la categoría legal de sexo.
Uno de los casos más conocidos se produjo en Sevilla en 2023, cuando un hombre condenado a 15 meses de prisión por maltratar a su expareja solicitó el cambio de sexo en el Registro Civil.
Otro episodio que generó debate fue el ocurrido en Torrelodones, donde un aspirante a la Policía Local acudió a las pruebas físicas para optar a una de las seis plazas convocadas tras haber modificado previamente su sexo registral. Gracias a ese cambio obtuvo la mejor calificación en el examen.
El mapa elaborado por la Alianza contra el Borrado de las Mujeres también recoge un suceso ocurrido el 18 de agosto, cuando un agente de la Ertzaintza que meses antes había acudido al Registro Civil de San Sebastián para cambiar su nombre intentó matar a su esposa con un cuchillo de cocina delante de sus hijas.
Según la organización, estos episodios reflejan una de las principales carencias del procedimiento actual: la modificación del sexo registral no incluye la comprobación de antecedentes penales de quien solicita el cambio.
El colectivo considera que esta circunstancia plantea problemas en la aplicación de determinadas políticas públicas y advierte de que en algunos casos mujeres víctimas de maltrato han visto retrasados o comprometidos los mecanismos específicos de protección previstos en la legislación contra la violencia machista.
A pesar de las advertencias realizadas antes de la aprobación de la ley, la norma salió adelante en 2023. Durante el primer año de vigencia, una resolución del Portal de Transparencia fechada el 19 de febrero de 2024 indicó que se registraron 5.139 cambios de sexo en los Registros Civiles durante ese ejercicio, una cifra cuatro veces superior a la contabilizada en 2022.
Dos años después, la Alianza contra el Borrado de las Mujeres ha solicitado de nuevo esos datos actualizados. Sin embargo, según denuncian, desde el Portal de Transparencia se les ha comunicado que no existe una sistematización en la recogida de esta información.
Para el colectivo feminista, esta falta de datos refleja una ausencia de voluntad por parte de las instituciones para evaluar las consecuencias de una ley que, a su juicio, ha abierto un nuevo frente de conflicto en la legislación de igualdad española.