Las agresiones sexuales con penetración cometidas por supuestas «mujeres» se han disparado un 792% en apenas cinco años, pasando de 25 casos en 2019 a 198 en 2024, según el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, citado por The Objective. Detrás de este fenómeno, que carece de precedentes, feministas críticas y juristas señalan directamente la ley trans impulsada por Irene Montero y aprobada en marzo de 2023, que permite el cambio de sexo registral sin requisitos médicos ni judiciales.
El dato resulta tan anómalo como preocupante: 176 de los 198 casos —el 88,8%— se concentran en Cataluña, la comunidad que antes y con mayor intensidad aplicó las leyes trans autonómicas. Para organizaciones como Feministas de Cataluña, esta concentración territorial confirma el efecto distorsionador de la legislación de género en las estadísticas criminales.
«Ninguno de estos delincuentes sexuales es una mujer. Resulta insultante y hay que derogar la ley trans», denunció Silvia Carrasco, presidenta de la asociación, que ha exigido al Gobierno de Salvador Illa los datos desglosados de cambios de sexo entre los condenados por violación.
Las asociaciones feministas insisten en que el Ministerio del Interior de Grande-Marlaska continúa registrando el «sexo legal» de los delincuentes —no su sexo biológico—, lo que falsea los perfiles criminológicos y da la impresión estadística de que aumentan las violaciones cometidas por mujeres.
«Según Interior, en 2023 hubo 174 violaciones con penetración cometidas por mujeres, cuando en realidad eran hombres. Ahora el dato es aún más delirante», subraya Carrasco.
La cifra de cambios de sexo registral coincide con este repunte: entre 2023 y 2024, 10.670 personas modificaron su sexo en el Registro Civil, de las cuales casi 7.000 fueron hombres que pasaron a figurar como mujeres. Esta facilidad, introducida por la ley trans, permite que violadores condenados sean oficialmente contabilizados como «mujeres», distorsionando de manera sistemática la estadística oficial.
