El empresario y comisionista Víctor de Aldama aseguró este miércoles en el Tribunal Supremo que el viaje a España de la dirigente venezolana Delcy Rodríguez fue organizado desde el propio Gobierno de Pedro Sánchez, pese a que tenía prohibida la entrada en el espacio Schengen.
En su declaración como acusado, Aldama ha afirmado que la operación contó con la implicación de varios ministerios y con la autorización directa del presidente del Gobierno. Según su versión, la visita formaba parte de una estrategia para recomponer las relaciones con el régimen de Nicolás Maduro tras el reconocimiento previo de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.
Aldama ha sostenido que estuvo presente en el aeropuerto de Madrid-Barajas junto al asesor Koldo García para recibir a Rodríguez. Allí, según su testimonio, se ejecutó una operación coordinada en la que participaron distintos departamentos del Ejecutivo.
«Todos los ministerios estaban implicados«, afirmó ante el tribunal, citando expresamente a Interior y Transportes. En ese momento, el Ministerio de Transportes estaba dirigido por José Luis Ábalos, una de las figuras clave en el conocido como Delcygate.
El empresario insistió en que la operación no fue improvisada, sino que respondía a una decisión política adoptada en el núcleo del Gobierno. A su juicio, el objetivo era restablecer los canales con el chavismo tras el distanciamiento inicial provocado por el respaldo a Guaidó.
El viaje de Delcy Rodríguez se produjo a pesar de las sanciones europeas que le impedían pisar territorio Schengen, lo que convirtió el episodio en uno de los más controvertidos de la política exterior reciente.
Aldama enmarcó la visita dentro de un cambio de estrategia del Ejecutivo español hacia Venezuela, en el que, según su relato, se priorizaron intereses políticos y económicos. En este contexto, también vinculó la operación con movimientos paralelos en torno al petróleo venezolano y la búsqueda de financiación.
El testimonio de Aldama refuerza la línea de investigación sobre las circunstancias en las que se produjo la llegada de Delcy Rodríguez a España. El conocido como Delcygate sigue siendo uno de los episodios más sensibles para el Gobierno, tanto por sus implicaciones legales como por su impacto político.
Las afirmaciones del empresario, que deberán ser contrastadas en sede judicial, sitúan la responsabilidad de la operación en el más alto nivel del Ejecutivo y apuntan a una actuación coordinada para facilitar la entrada de una dirigente sancionada por la Unión Europea.
