El empresario Víctor de Aldama ha entregado a la UCO (Guardia Civil) un documento que detalla el supuesto pago de 19,5 millones de euros en comisiones ilegales a altos cargos del Gobierno, según ha adelantado El Debate. Entre los nombres mencionados destaca el del exministro José Luis Ábalos, a quien Aldama atribuye el cobro de dos millones de euros, además de 250.000 euros en efectivo entregados directamente en su despacho del Ministerio de Transportes. Ábalos niega haber recibido dinero del empresario.
El listado, en el que Aldama apoda a Ábalos como ‘El Gran’, también menciona a Koldo García, asesor del exministro, quien habría recibido 500.000 euros y otros 100.000 euros en metálico. Según la investigación, parte de este dinero podría haberse utilizado para cubrir gastos relacionados con un chalet alquilado en Sotogrande (Cádiz) para el disfrute de Ábalos.
Otros nombres presentes en el documento incluyen alias como ‘Bolarque’, ‘J. Core’, ‘Israel’, ‘Cristian’ y ‘Bernardo’, quienes habrían recibido cantidades que oscilan entre los 100.000 y tres millones de euros. Además, los casi 20 millones de euros gestionados por Aldama habrían cubierto el alquiler de una aeronave privada por valor de 5,5 millones de euros.
El empresario ha comenzado a aportar pruebas para respaldar sus acusaciones, incluyendo un portafolios que, asegura, proviene del Palacio de la Moncloa. Dentro de esta carpeta, se encontraba una autorización firmada por Ábalos que lo nombraba enlace oficial entre España y Venezuela. En la misiva, dirigida al líder opositor venezolano Juan Guaidó, el exministro trasladaba el interés del Gobierno en estrechar lazos y facilitar ayuda a Venezuela mediante las gestiones de Aldama.
Este escándalo surge en un contexto en el que se ha conocido que el Gobierno español, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), otorgó en 2021 una subvención de 250.000 euros a la Policía Nacional de República Dominicana. La ayuda fue destinada a proyectos de mejora en prevención e investigación policial.
La magnitud de las acusaciones contra altos cargos del Ejecutivo y los fondos gestionados por Aldama apuntan a un posible entramado de corrupción que está siendo investigado por las autoridades.
