Las declaraciones del empresario Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional han desatado una tormenta política y judicial que amenaza con poner en aprietos al Gobierno y al Partido Socialista. Su testimonio, considerado creíble por la Fiscalía Anticorrupción, apunta directamente a altos cargos del PSOE, incluyendo al secretario de Organización, Santos Cerdán, y al jefe de gabinete de la ministra María Jesús Montero, Carlos Moreno, quienes estarían implicados en presuntos pagos ilícitos que podrían constituir cohecho.
Según el relato de Aldama, los pagos en efectivo vinculados a licitaciones en el País Vasco se realizaban en un bar cercano a la sede socialista en la calle Ferraz. El empresario señaló a Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, como el encargado de entregar el dinero a Santos Cerdán en sobres cerrados. «Si no han borrado las cámaras, se verá cómo entramos», afirmó Aldama. Además, calificó al actual secretario de Organización del PSOE como una figura «clave» en la trama.
La relevancia penal de estas declaraciones ha captado la atención del Ministerio Fiscal, que también investiga la mención al «cupo vasco», una alusión que podría esconder una operativa más amplia. Dado su cargo como diputado, Cerdán cuenta con la condición de aforado, lo que implica que cualquier procedimiento judicial deberá ser asumido por el Tribunal Supremo, que ya investiga a Ábalos por delitos similares.
Otra grave acusación de Aldama involucra al entorno del Ministerio de Hacienda. El empresario relató cómo Koldo García gestionó un aplazamiento tributario a través de Carlos Moreno, jefe de gabinete de María Jesús Montero. Según Aldama, Moreno pidió después un «detalle» en forma de 25.000 euros, entregados en un bar cercano al Ministerio. Este episodio también está bajo la lupa de la Fiscalía, que considera fundamental corroborar estos hechos mediante la documentación que Aldama ha prometido presentar.
La defensa de Aldama ha asegurado que aportará pruebas tangibles que respaldan sus acusaciones. Aunque recopilar estos documentos llevará tiempo, el empresario ha mostrado disposición a colaborar con la Guardia Civil. Los investigadores ya trabajan con material incautado en registros previos, aunque enfrentan dificultades para acceder a los dispositivos electrónicos de Koldo García debido a procesos de encriptación. En contraste, la información vinculada a Aldama es más accesible y podría acelerar las indagaciones.
Otro frente abierto que podría derivarse de las declaraciones de Aldama es la controvertida visita a España de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. Según el empresario, figuras de primer nivel como el presidente Pedro Sánchez, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska y el propio Ábalos estuvieron implicados en la organización de este encuentro. No obstante, fuentes fiscales consideran prematuro determinar la relevancia penal de este asunto, aunque reconocen su trascendencia política.
La causa contra Ábalos ya está en manos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que evalúa ampliar la investigación hacia otros aforados, incluyendo a Santos Cerdán. La remisión de la declaración completa de Aldama desde la Audiencia Nacional refuerza esta posibilidad. Mientras tanto, la Fiscalía Anticorrupción, liderada por Alejandro Luzón, coordina su trabajo con el fiscal Luis Pastor, encargado del procedimiento en la Audiencia. Ambos han demostrado interés en avanzar rápidamente en el caso, como lo demuestra su petición de liberar a Aldama tras su confesión.
El PSOE ha respondido con acciones legales contra el empresario, alegando falsedad en las acusaciones. Sin embargo, el entorno de Aldama no se muestra preocupado. «Que tengan cuidado, que saben lo que hicieron, e igual acaban condenados por denuncia falsa», advirtieron sus allegados.
