
El empresario Víctor de Aldama presentará nuevas pruebas sobre la presunta financiación ilegal del PSOE en el procedimiento judicial que se abrirá tras la demanda de conciliación presentada contra él por la dirigente chavista Delcy Rodríguez. Según fuentes de su entorno han avanzado a Libertad Digital, la iniciativa impulsada por la vicepresidenta venezolana no sólo no frenará sus acusaciones, sino que le brindará la oportunidad de ampliar la documentación y los datos que ya ha puesto en conocimiento de la Audiencia Nacional.
La acción judicial, promovida a través del despacho Ilocad, constituye el paso previo a una querella por un presunto delito de injurias. Delcy Rodríguez rechaza las afirmaciones realizadas por Aldama, quien la señaló como la persona que supuestamente le entregó un sobre con documentación de la petrolera estatal venezolana PDVSA relacionada, según su versión, con unos cupos de petróleo valorados en 250 millones de dólares destinados a financiar al PSOE y a la Internacional Socialista.
En el escrito presentado por la defensa de la dirigente venezolana se sostiene que esa acusación es «falsa, inveraz y no ajustada a la realidad». Asimismo, se argumenta que atribuirle la entrega de dicho sobre supone vincularla con unos hechos que podrían tener relevancia penal respecto de otras personas, dañando así su reputación.
Sin embargo, personas próximas a Aldama consideran que la ofensiva judicial responde a una estrategia para desacreditarle e impedir que continúe aportando información sobre la investigación. En ese sentido, sostienen que la demanda llega apenas un mes después de que el empresario compareciera ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, donde amplió sus declaraciones sobre la supuesta financiación irregular del Partido Socialista.
Las mismas fuentes afirman que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil continúa analizando toda la documentación entregada por Aldama, entre ella el citado sobre de PDVSA, que, según su versión, contendría información relacionada con cupos petroleros valorados en 250 millones de dólares. A su juicio, el procedimiento iniciado por Delcy Rodríguez permitirá incorporar nuevas pruebas y ofrecer más detalles sobre el papel que, siempre según sus acusaciones, habrían desempeñado tanto la propia dirigente venezolana como su hermano Jorge Rodríguez.
Desde el entorno del empresario también aseguran que la demanda constituye «un error estratégico», ya que, lejos de limitar sus declaraciones, reforzará su intención de seguir colaborando con la Justicia. Añaden que Aldama afronta este nuevo frente judicial con tranquilidad y que considera que el proceso servirá para completar lo que define como «el puzle» de la presunta financiación ilegal del PSOE mediante fondos procedentes de Venezuela.
En su comparecencia ante el juez Moreno, Aldama también situó a la sociedad Apamate Corporate And Trust en el centro de la supuesta operativa financiera. Según su testimonio, esta mercantil, vinculada al banquero Francisco Flores, habría sido utilizada para canalizar los cupos de petróleo de PDVSA que, siempre según su versión, terminaron financiando de forma irregular tanto al PSOE como a la Internacional Socialista.
El empresario declaró igualmente que el exministro José Luis Ábalos habría iniciado las gestiones para articular ese mecanismo financiero a través de Apamate y que, posteriormente, José Luis Rodríguez Zapatero asumió el control de dichas operaciones. Aldama sostuvo ante la Audiencia Nacional que los movimientos económicos se habrían realizado mediante distintas cuentas bancarias abiertas en países como Panamá y Rusia, dentro de un sistema diseñado para gestionar los fondos procedentes de la petrolera estatal venezolana.