La declaración de Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo ha colocado en el foco político al entorno directo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al detallar un supuesto sistema de financiación ilegal del PSOE basado en comisiones de constructoras y en operaciones vinculadas al petróleo venezolano.
Durante más de ocho horas de interrogatorio, Aldama describió un mecanismo en el que empresas constructoras entregaban dinero a cambio de adjudicaciones públicas. Según su testimonio, esas cantidades se canalizaban posteriormente hacia el partido. «Tenemos que ver cómo podemos ayudarnos para que ellos se lleven la licitación y tener un rendimiento que a nosotros nos hace falta para la financiación del partido», aseguró que le trasladaba Koldo García.
El empresario sostuvo que el dinero se entregaba en efectivo y se introducía en el sistema mediante donaciones fraccionadas. «Koldo me dice no te preocupes, que lo distribuyo yo con gente y van haciendo donaciones al partido», declaró ante los magistrados. El método evitaba cualquier rastro contable directo.
Aldama relató entregas recurrentes de dinero tanto en el Ministerio como en el domicilio del entonces titular de Transportes, José Luis Ábalos. Describió pagos en sobres de unos 50.000 euros y otros de mayor volumen que transportaba en mochilas. «He llegado a llevar alguna vez 250.000 euros en una bolsa dentro de la mochila», afirmó. En total, cifró en 1,8 millones de euros las cantidades entregadas, que considera «fáciles de cotejar» con las donaciones declaradas por el partido en ese periodo.
El testimonio incorpora un segundo eje de financiación: el petróleo venezolano. Según Aldama, parte de los fondos se vinculaban a operaciones relacionadas con cupos petroleros, inicialmente bajo control del dirigente opositor Juan Guaidó y posteriormente a través de PDVSA tras el cambio de posición del Gobierno español hacia el régimen de Nicolás Maduro.
El objetivo, según su versión, era financiar tanto al PSOE como a la Internacional Socialista y respaldar la proyección internacional de Sánchez. «Se me dice que la Internacional Socialista necesita financiación», explicó, detallando reuniones en la sede de Ferraz para articular esos acuerdos. De esas operaciones, afirmó, se esperaba obtener hasta un millón de euros mensual.
Además, describió un reparto interno de beneficios en el que, tras cubrir la financiación política, el dinero restante se distribuía entre Ábalos y Koldo García. Este esquema se complementaba, según su relato, con otras fórmulas de compensación, como el pago de gastos personales o la intermediación en operaciones inmobiliarias.
La declaración también apuntó a la existencia de una estructura organizada con funciones definidas, elemento clave en las acusaciones por organización criminal. Aldama aseguró que, además de las comisiones, aportaba 10.000 euros mensuales para gastos de los otros implicados.
El testimonio refuerza las acusaciones por cohecho, malversación y uso de información privilegiada que investiga el alto tribunal. Más allá de la responsabilidad individual de los implicados, el relato introduce un elemento político de mayor alcance: la posible financiación irregular del partido que sustenta al Gobierno y su conexión con decisiones estratégicas del Ejecutivo en materia económica y de política exterior.
