En septiembre de 2026, la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB) adjudicó por 16 años la terminal multipropósito del muelle Príncep d’Espanya a Boluda Maritime Terminals. La decisión, que desplaza al anterior operador Sammer (Grupo Mestre), abre la puerta a que una empresa controlada mayoritariamente por Marruecos participe en la gestión de una de las instalaciones clave del puerto para la carga general.
Boluda Maritime Terminals mantiene un acuerdo, firmado en diciembre de 2025, para vender el 45% de su capital a Marsa Maroc (Société d’Exploitation des Ports) por 80 millones de euros. Marsa Maroc está participada en torno al 70% por el Estado de Marruecos a través de Tanger Med, el Tesoro y otros inversores institucionales. Aunque la operación sigue formalmente pendiente de autorización del Gobierno central por afectar a infraestructuras estratégicas, la APB adjudicó la concesión valorando positivamente la alianza con el socio marroquí para generar nuevos corredores marítimos.
El expediente de la inversión extranjera está en manos de la Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex), dependiente del Ministerio de Economía que dirige Carlos Cuerpo, y requiere el visto bueno final del Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez. Informes del CNI y del Ministerio de Defensa han señalado riesgos de seguridad nacional. A pesar de ello, y de que el propio Vicente Boluda ha denunciado que el Gobierno mantiene el expediente bloqueado por motivos políticos, la Autoridad Portuaria de Barcelona no esperó a que se resolviera el control de inversiones y dio la concesión a Boluda.
El sector del metal catalán ha reaccionado con alarma. Empresas como Gutser, Bamesa Aceros, Gabarró, Bianchini o Hiemesa utilizaban la terminal multipropósito —la única de las tres instalaciones de carga del puerto especializada en mercancía siderúrgica no contenedorizada— para exportar bobinas de acero y otros transformados. Fuentes del sector sostienen que el nuevo operador tenderá a priorizar el tráfico de contenedores, más rentable, y que eso reducirá el espacio y la capacidad disponible para su mercancía. «Nos asfixiarán», aseguran. El contrato obliga a un mínimo de carga convencional, pero permite también el manejo de contenedores en buques mixtos.
La adjudicación se produce en un contexto de tensiones recurrentes con Rabat y después de que el Gobierno de Sánchez haya mantenido durante meses el control sobre la entrada de Marsa Maroc en las terminales de Boluda, tanto en Barcelona como en otros puertos españoles. Mientras el Ejecutivo no ha cerrado la puerta a la operación, la Autoridad Portuaria de Barcelona ha consumado la entrada operativa del socio marroquí en la terminal. El anterior operador, Sammer, ha anunciado que impugnará la decisión.