«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
Salvo que presenten las pruebas de que son descendientes de exiliados antes del día 29

El Supremo exige a la Junta Electoral Central que garantice que 163.000 nacionalizados por la ‘ley de nietos’ no votan en las elecciones

Trabajadores durante una visita al centro logístico electoral, en el Polígono La Garena, el 16 de noviembre, en Alcalá de Henares, Madrid. Europa Press

El Tribunal Supremo (TS) ha exigido a la Junta Electoral Central (JEC) que garantice que 163.355 nacionalizados por la ‘ley de nietos’ no puedan votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre si no demuestran que son descendientes de exiliados.

A través de una providencia de este viernes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo acuerda que tanto la JEC como la Oficina del Censo Electoral Central «deberán estar a lo acordado» en los autos con los que el alto tribunal suspendió de forma cautelar el voto para los nacionalizados por esa disposición de la Ley de Memoria Democrática.

El alto tribunal dispone que «ninguna de las 163.355 personas incluidas puedan figurar como electores en el censo electoral, sea en el de electores residentes-ausentes que viven en el extranjero, sea en el de electores residentes en España, con excepción de las 901 personas que presentaron certificación consular, o cualesquiera otras que, con anterioridad al día de la votación, aporten dicha certificación consular, en los términos acordados».

Los magistrados toman esta decisión ante la «difícil comprensión, como atinadamente señala el Ministerio Fiscal», según señalan, de los informes de la Abogacía del Estado y la Oficina del Censo Electoral relativos al cumplimiento de las medidas cautelares acordadas.

Esta semana, la Abogacía del Estado, en nombre del Instituto Nacional de Estadística (INE), indicó que cuando se cerró el censo para estas elecciones, a 1 de agosto, había registrados 163.355 afectados por la suspensión, pero añadió, que «como resultado de las comprobaciones realizadas», la cifra se reducía a 113.326.

Además, en otra providencia, el Supremo da dos días de plazo a las partes, hasta el lunes, para presentar alegaciones sobre documentación aportada por la Abogacía del Estado en representación del Ministerio del Interior respecto a los controles de seguridad de los dispositivos para votar con DNI digital en las generales.

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