El Tribunal Supremo ha certificado la existencia de graves indicios de irregularidades en la incorporación de más de 163.000 personas al censo electoral exterior a través de la conocida como «ley de nietos». Los magistrados han endurecido sus advertencias después de examinar la documentación remitida por el Gobierno de Pedro Sánchez, que revela que únicamente 901 de los 163.355 nacionalizados examinados habían acreditado mediante certificación consular su condición de descendientes de exiliados.
La decisión, adelantada por ABC, supone un nuevo revés judicial para el Ejecutivo a menos de tres semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha ratificado la suspensión cautelar de los efectos electorales de 162.454 inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), al considerar que permitir su participación sin esclarecer previamente las irregularidades detectadas podría comprometer la integridad del proceso electoral.
En el centro de la controversia se encuentra la instrucción aprobada en octubre de 2022 por Sofía Puente, hermana del exministro socialista Óscar Puente, desde la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Aquella disposición desarrolló la Ley de Memoria Democrática e introdujo una presunción de exilio que facilitó la concesión de la nacionalidad española sin exigir en todos los supuestos una acreditación documental directa de esa circunstancia.
Uno de los ejemplos más llamativos recogidos en la resolución judicial procede del Consulado General de España en Buenos Aires, donde se tramitaron favorablemente 17.775 expedientes sin que ninguno incorporase pruebas directas de exilio, según la información examinada por el tribunal.
Los magistrados consideran que los nuevos datos refuerzan las sospechas que motivaron la intervención judicial en septiembre. El Supremo advierte de la existencia de indicios cada vez más consistentes de irregularidades relevantes en la composición del censo exterior, especialmente a partir de la aplicación de la instrucción de Sofía Puente.
La resolución también rechaza las alegaciones presentadas por organizaciones de descendientes de españoles que pretendían levantar las restricciones electorales. El tribunal sostiene que la medida no supone una retirada definitiva del derecho al sufragio, sino una suspensión provisional destinada a proteger la regularidad del censo mientras se resuelve el fondo del procedimiento.
La controversia se ha visto agravada por las dificultades para obtener la documentación del Ejecutivo. Los ministerios dirigidos por Félix Bolaños y José Manuel Albares terminaron facilitando la relación nominal de los afectados después de que el Alto Tribunal advirtiera de la posibilidad de imponer multas coercitivas y exigir responsabilidades penales ante nuevos incumplimientos.
Sin embargo, la decisión judicial deja abierta otra cuestión de gran trascendencia electoral. Otros 189.678 descendientes de los nacionalizados afectados por la suspensión podrán participar en las elecciones del 29-N, pese a que el propio Supremo reconoce la conexión jurídica entre ambos colectivos.
VOX e Iustitia Europa habían reclamado que las restricciones se extendieran también a estos hijos, argumentando que su acceso a la nacionalidad derivaba del reconocimiento concedido a sus progenitores. Aunque la Sala admite la lógica de ese planteamiento, considera que una revisión de semejante magnitud, a las puertas de la campaña electoral, podría perjudicar gravemente la seguridad jurídica y la organización de los comicios.
La decisión no ha sido unánime. El magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero ha formulado un voto particular favorable a extender las medidas cautelares a este segundo colectivo. A su juicio, la proximidad de las elecciones no debería imponerse sobre la necesidad de garantizar la corrección del censo, especialmente cuando las consecuencias de una eventual participación irregular podrían resultar irreversibles.
De esta manera, el Supremo mantiene apartado provisionalmente del voto exterior a un grupo de más de 162.000 nacionalizados, pero permite participar a los casi 190.000 descendientes cuya situación también ha sido cuestionada. La sentencia definitiva todavía está pendiente, por lo que las sospechas judiciales no equivalen, por ahora, a una declaración firme de fraude electoral.
