El Gobierno de Pedro Sánchez ha logrado salvar una parte de la ‘ley de Nietos’ que permitirá votar a casi 190.000 hijos de exiliados en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El Tribunal Supremo ha desestimado la petición de VOX para excluir del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) a los 189.678 hijos mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática y su instrucción de desarrollo.

La decisión llega después de que el propio Alto Tribunal haya alertado reiteradamente de los riesgos que supone la aplicación de esta norma. En resoluciones anteriores, la Sala de lo Contencioso-Administrativo advirtió de un «peligro fundado, real y serio» de que el incremento extraordinario del censo electoral pudiera afectar a la objetividad y la transparencia del proceso. Sin embargo, en el auto notificado este lunes, los magistrados han concluido que ya no hay margen temporal suficiente para ejecutar una exclusión cautelar de este colectivo sin poner en riesgo la seguridad jurídica y la estabilidad del proceso electoral ya en marcha. La suspensión se mantiene, en cambio, para los aproximadamente 163.000 padres nacionalizados por la vía más cuestionada, salvo que acrediten documentalmente la condición de descendientes de exiliados.

El dato de 189.678 electores adquiere una relevancia especial cuando se analiza desde la óptica del sistema electoral español. En las generales de 2023, el último escaño de 17 circunscripciones se decidió por menos de 5.000 votos y nueve de ellos por menos de 2.000. La mediana del escaño marginal se situó en torno a los 7.800 votos. Un cálculo teórico de concentración estratégica de esos casi 190.000 sufragios —colocados de forma óptima en las provincias más ajustadas y dirigidos al partido que más se beneficiaba en cada una de ellas— habría permitido voltear más de 20 escaños. Incluso limitando el ejercicio a un único partido, como el PSOE, la cifra se situaría con holgura por encima de los 15 escaños adicionales en un escenario de máxima eficiencia.

La paradoja es evidente: los padres no podrán votar, pero sus hijos sí. Y el volumen de este segundo colectivo es lo suficientemente relevante como para que, en un escenario de alta participación y concentración territorial, su peso pueda alterar el reparto de escaños en provincias medianas y pequeñas, donde el coste del último diputado es históricamente bajo. El Supremo ha priorizado la seguridad jurídica del proceso ya convocado frente a la depuración inmediata del censo, pero ha dejado constancia de que las dudas de fondo sobre la regularidad de estas inscripciones no han desaparecido.