En un contexto de inmigración masiva, el anuncio del decreto de la «regularización» por parte del Gobierno ha desencadenado un fenómeno alarmante: un incremento exponencial en las denuncias por pérdida de documentos entre inmigrantes ilegales, especialmente pakistaníes, argelinos y marroquíes.

Estas denuncias han aumentado casi un 870% entre pakistaníes, más de un 350% entre argelinos y más de un 100% entre marroquíes en los primeros meses del año, comparado con el año anterior. Lo que parece una mera formalidad administrativa es, en realidad, una táctica calculada que no sólo facilita la «regularización» de cientos de miles de personas sin controles exhaustivos, sino que entorpece gravemente la detección de criminales potenciales y la lucha antiterrorista. Fuentes policiales consultadas en exclusiva por LA GACETA, pertenecientes a las brigadas de Extranjería e Información de la Policía Nacional, advierten de los riesgos inherentes a este «coladero» y señalan que «investigados por terrorismo podrían acceder a la regularización».

El decreto, que permite la «regularización» de más de 500.000 inmigrantes ilegales mediante una simple «declaración responsable» de ausencia de antecedentes en los últimos cinco años, relaja los requisitos tradicionales. Sin necesidad de certificados oficiales de los países de origen —que a menudo tardan meses en llegar—, se prioriza la presunción de veracidad. Aquí radica el peligro según los agentes, las denuncias por pérdida de pasaportes se convierten en un instrumento para fabricar narrativas de arraigo ficticio. Un agente de la brigada de Extranjería, consultado en exclusiva, explica con claridad este mecanismo: «Pueden decir que han perdido el documento hace seis meses aunque lleven aquí dos semanas… Eso digamos que es un documento oficial (la denuncia), donde ellos han manifestado que lo han perdido hace seis meses y entonces pueden demostrar que llevan aquí ese tiempo». Esta declaración ilustra cómo una denuncia, presentada en comisaría sin verificación inmediata, genera un registro oficial que sugiere presencia prolongada en España, cumpliendo el requisito de estancia antes del 31 de diciembre de 2025.

Pero el fraude va más allá. Muchos de estos inmigrantes entran sin ser «reseñados» adecuadamente —es decir, sin huellas dactilares registradas en sistemas como Eurodac o Adextra—. En entradas masivas por pateras o con pasaportes falsos vía avión, las identificaciones iniciales se basan en datos autodeclarados, a menudo proporcionados a organizaciones como Cruz Roja. El mismo agente añade: «Aquí puede haber un argelino que diga he perdido mi pasaporte y si nunca ha estado reseñado (nunca le han tomado la huella en España) a partir de ese momento para nosotros esa huella es de quien nos dice ser». Este «reset» identitario permite asumir nombres falsos, generando múltiples «USA» (identificaciones policiales temporales) que la Policía Científica debe añadir manualmente, un proceso saturado en escenarios de alto volumen.

Las implicaciones para la lucha contra el crimen organizado son devastadoras. Estas denuncias retrasan expulsiones, ya que sin pasaporte original, los consulados —como los de Pakistán, que tardan cinco o seis meses en verificar— no pueden confirmar identidades. Mientras tanto individuos con antecedentes policiales (no necesariamente penales) ganan tiempo para arraigarse legalmente. Redes mafiosas, involucradas en tráfico humano, narcotráfico o explotación laboral podrían orquestar estas denuncias en masa para «lavar» identidades de sus operativos. «Hay varias personas de estas que han venido, se han interceptado en patera, y tienen dos y tres usas. Cada identificación que él da se relaciona una usa con otra», detalla el agente, destacando cómo la saturación en Centros de Atención Temporal (CATE) permite que coincidencias dactilares sean detectadas con posterioridad —después de que se haya iniciado un trámite de regularización—.

Aún más preocupante es el impacto en la seguridad nacional, particularmente en la detección de amenazas terroristas. Los pasaportes originales no sólo identifican, sino que contienen sellos y visados que revelan viajes a núcleos de radicalización como Afganistán, Siria o zonas controladas por grupos yihadistas. Denunciar una pérdida elimina estas «pistas» físicas, borrando evidencias cruciales para la inteligencia. Un agente de la brigada de Información, en conversación exclusiva con LA GACETA, subraya cómo individuos investigados por radicalización en sus países de origen podrían regularizarse bajo identidades «limpias», infiltrándose en España sin alertas inmediatas.

Por otro lado, los agentes destacan cómo abogados y asesores cobran hasta 1.000 euros por trámites gratuitos, recomendando las denuncias como atajo. Mientras el Gobierno celebra la «regularización» como «solución humanitaria», las fuentes policiales alertan de una «temeridad» que multiplica vulnerabilidades.

Por todo ello, este boom de denuncias representa una amenaza directa a la soberanía fronteriza y la seguridad pública. Entorpece la labor de agentes dedicados a Extranjería e Información, permitiendo que criminales y potenciales terroristas se camuflen en este flujo migratorio descontrolado.