La Comisaría General de Extranjería ha remitido este miércoles una comunicación interna a todas las comisarías de la Policía Nacional para advertir de un incremento notable de denuncias por pérdida o sustracción de documentación entre extranjeros en situación ilegal. El aviso llega semanas después de que el 27 de enero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara una «regularización» masiva que podría afectar a —al menos— más de medio millón de personas.
El fenómeno no es aislado. En los días posteriores al anuncio ya se habían observado largas colas ante distintos consulados en España. Ahora, el foco se traslada a las Oficinas de Denuncias y Atención al Ciudadano, donde se acumulan las declaraciones por extravío, pérdida o robo de pasaportes presentadas por ciudadanos extranjeros completamente indocumentados.
Según el documento interno al que ha tenido acceso El Debate, Extranjería y Fronteras constata un “aumento significativo” de este tipo de denuncias. La comparación entre el periodo comprendido del 15 de enero al 6 de febrero de este año —es decir, desde diez días antes del anuncio— y el mismo tramo temporal del año anterior refleja incrementos muy llamativos.
En el caso de ciudadanos paquistaníes, las denuncias se disparan un 866,67%. Entre los argelinos, el aumento alcanza el 356,25%. En el caso de los marroquíes, la comunidad inmigrante más numerosa en España, el incremento es del 114%.
El trasfondo es evidente. Sin documentación resulta imposible acreditar si se estaba en territorio español antes del 31 de diciembre, fecha límite fijada por el Gobierno para poder acogerse al proceso extraordinario, o si existen antecedentes. La ausencia de papeles impide comprobar con claridad la identidad real y la trayectoria administrativa del solicitante.
La propia Comisaría General de Extranjería reconoce que, tras la «identificación plena» en algunos de estos casos, se han detectado antecedentes penales o policiales, identidades distintas a las inicialmente declaradas e incluso resoluciones administrativas en vigor en materia de Extranjería.
El procedimiento previsto tampoco despeja las dudas. Basta con que el interesado manifieste verbalmente que carece de antecedentes para iniciar el trámite, ya que dispone de un mes para aportar el certificado correspondiente. Sin embargo, la elevada carga de trabajo en embajadas y consulados dificulta en la práctica la obtención de ese documento en plazo.
Por este motivo, asociaciones de guardias civiles y sindicatos policiales han alertado del riesgo de que la regularización «exprés y masiva» abra la puerta a personas con historial delictivo.
Ante esta situación, Extranjería ha instado a sus agentes a que, cuando un extranjero indocumentado acuda a denunciar la pérdida o sustracción de su pasaporte, además de recoger la denuncia procedan a una identificación completa y verifiquen su situación administrativa en España. Una recomendación que evidencia la preocupación interna ante un fenómeno que ha cobrado fuerza en cuestión de semanas y que añade más interrogantes a un proceso ya observado con atención desde las instituciones europeas.
