El ministro de Transportes, Óscar Puente, destinó 62.085 euros de dinero público a contratos de monitorización de medios que permitieron a su gabinete elaborar un dossier detallado de insultos y descalificaciones hacia él. El documento, que él mismo difundió en X en abril de 2024, recopilaba expresiones de columnas de opinión de prensa escrita entre el 26 de septiembre de 2023 y el 27 de marzo de 2024. Aunque un tuit reciente ha reavivado el asunto hablando de «motes que la gente le pone en Twitter», el dossier publicado se centraba en medios escritos, no en redes sociales.
El gasto se articuló en dos contratos de seguimiento informativo. El primero, de 17.859,60 euros, se adjudicó en febrero de 2024 a Hallon Intelligence S.L. para el seguimiento en tiempo real de noticias audiovisuales y la remisión de alertas al gabinete de comunicación. El segundo, de 44.225,5 euros, correspondía a la prórroga de un contrato anterior con Reputational Intelligence Spain S.L. (31.218 euros en 2024 y 13.007,50 euros en los primeros meses de 2025). Ambos servicios se pagaron con fondos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Puente había encargado personalmente el trabajo. En una entrevista radiofónica reconoció que había pedido a su equipo que le recopilara «todas las columnas de opinión en las que se me insulta, con todo tipo de insultos». El resultado fue un resumen de tres folios que identificaba al menos 100 artículos en más de 33 medios (El Mundo, ABC y La Gaceta de Salamanca entre los que más referencias acumulaban) y un listado de expresiones que iban desde «sectario», «dictadorzuelo» o «mamporrero» hasta «pitbull», «tabernario», «matón de manual» o «abominable hombre de la Meseta». El ministro lo presentó en X como «195 folios dedicados a insultarme» y defendió su utilidad.
Cuando se solicitó el informe completo y su coste a través del Portal de Transparencia, el Ministerio respondió que el dossier concreto no tenía un coste asociado «al ser realizado por la plantilla del gabinete». Los contratos de monitorización que alimentaron ese tipo de recopilación, sin embargo, sí se abonaron con dinero público. El propio Puente insistió en que el trabajo tenía interés y lo actualizó periódicamente en redes.
El caso volvió a circular años después a través de un tuit que mostraba las imágenes del dossier y lo presentaba como un gasto del Ministerio para averiguar los motes que le ponían en X. La distinción es relevante: Puente precisó en su momento que solo había contado medios escritos porque, según dijo, el insulto en ese formato «requiere una reflexión previa». Los contratos posteriores del Ministerio sí ampliaron el alcance e incluyeron explícitamente redes sociales. En 2025, Transportes destinó casi 91.000 euros a un servicio de seguimiento y archivo que abarcaba prensa, medios digitales, blogs y redes (Facebook, X, YouTube, LinkedIn…), cifra a la que se sumaban contratos similares de organismos dependientes como Adif, elevando el total de monitorización mediática de ese ejercicio a unos 142.000 euros.
El episodio ilustra el uso de recursos del departamento para un trabajo centrado en las críticas personales recibidas por su titular. Mientras el Ministerio justificaba la monitorización como parte del seguimiento informativo habitual, las críticas señalaron que se habían dedicado fondos y tiempo de equipo a catalogar descalificaciones en lugar de a otras prioridades de la cartera. El dossier y los contratos que lo hicieron posible siguen siendo el ejemplo más concreto y documentado de ese enfoque.
