Las empresas propietarias de la central nuclear de Almaraz —Iberdrola, Endesa y Naturgy— han comunicado al Gobierno de España su intención de solicitar la prórroga de funcionamiento más allá de 2027. Sin embargo, el calendario de cierre no se ha modificado, y cada día que pasa aumenta la incertidumbre sobre el futuro de la comarca del Campo Arañuelo. En esta zona de Cáceres, más de 4.000 familias dependen directamente de la actividad económica que genera la planta, el principal motor de empleo e inversión de Extremadura.
La central de Almaraz se ha convertido en un verdadero oasis dentro de una región castigada por la falta de oportunidades. A su alrededor se ha formado un núcleo de desarrollo que contrasta con el abandono del resto del territorio extremeño. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) y según recoge Abc, los municipios con mayor renta per cápita de toda la comunidad se concentran en torno a la central: Almaraz (16.641 euros), Romangordo (16.620), Belvís de Monroy (15.406), Campillo de Deleitosa (15.348), Higuera de Albalat (15.348) y Valdecañas de Tajo (15.348).
La renta media de toda el área de influencia asciende a 15.785 euros, superando en más de 4.000 euros la media extremeña (11.505). En cuanto a la renta por hogar, Almaraz encabeza la lista regional con 42.354 euros, incluso por encima de Cáceres y Badajoz. Navalmoral de la Mata ocupa la cuarta posición y Romangordo la sexta, lo que demuestra el papel esencial de la industria nuclear en el bienestar local.
El impacto económico de la planta es tan notable que su cierre supondría la pérdida de unos 4.000 empleos y una caída del 1% del Valor Añadido Bruto (VAB) autonómico, según un estudio de la consultora Metyis. Esto se traduce en cientos de millones de euros menos cada año para una región ya de por sí marginada por la política energética del Gobierno. El informe también estima que la central aporta 435 millones de euros anuales a Extremadura, de los cuales 82 millones van directamente a las arcas de la Junta y 12 a los ayuntamientos del entorno.
Además, Almaraz ha logrado lo que el resto de la comunidad no ha conseguido: frenar la despoblación. En su zona de influencia, el 43% de la población tiene menos de 40 años, una cifra muy superior a la media regional. El desempleo, por su parte, es un 25% menor que en el resto de la provincia de Cáceres. Todo ello gracias a una industria que ofrece empleo estable, bien remunerado y con proyección.
El cierre, más allá del drama social y económico para Extremadura, tendría consecuencias para toda España. La central de Almaraz genera el 7% de la electricidad nacional, suficiente para abastecer a cuatro millones de hogares. Su apagón no solo pondría en riesgo el suministro eléctrico, sino también proyectos estratégicos como los futuros campus de datos de Merlin Properties en Navalmoral de la Mata y Valdecaballeros, cuya viabilidad depende en gran medida del suministro energético de la CNA.
La historia se repite. En los años ochenta, la instalación de la central se hizo frente a la oposición de buena parte de la opinión pública. Cuarenta años después, cuando la planta se ha convertido en el eje de la economía extremeña, el Gobierno parece empeñado en desconectarla, ignorando la realidad de una región que no tiene alternativa.
