El director de la Policía colocado por el Gobierno ha salido en defensa de la versión de Moncloa sobre la invasión de Ceuta y ha trasladado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que no existe ningún informe policial que atribuya directamente a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de las entradas de los días 30 y 31 de julio. El Ejecutivo, además, considera que la controversia desatada por el documento elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) responde a un supuesto «complot judicial» contra Moncloa, según fuentes gubernamentales citadas por Abc.

La reacción se produjo después de que trascendiera un informe policial que cuestionaba algunos aspectos de la interpretación oficial sobre lo sucedido en Ceuta. Según ABC, durante varias horas distintos departamentos del Ejecutivo trataron de conocer el contenido completo del documento y las circunstancias en las que había sido solicitado por la magistrada María Tardón, al tiempo que Interior reclamaba explicaciones al director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras.

El Gobierno sostiene, tras acceder al documento con autorización judicial, que el informe no afirma que gendarmes marroquíes dirigieran sobre el terreno los flujos migratorios hacia España. Fuentes gubernamentales citadas por el periódico califican el documento de «manipulado» y consideran que su filtración habría buscado perjudicar políticamente a Moncloa. Esas mismas fuentes apuntan a Tardón y recuerdan su pasado como concejala del PP en el Ayuntamiento de Madrid.

Sin embargo, el contenido recogido por ABC incluye una referencia que introduce matices en esa interpretación. El escrito policial menciona expresamente a «personas vinculadas a las fuerzas de seguridad de Marruecos», además de individuos o instituciones con capacidad y experiencia suficientes para formar parte del nivel de planificación del proceso. Esa formulación no equivale a atribuir formalmente al Estado marroquí la autoría de los hechos, pero sí contempla posibles vínculos con personas relacionadas con sus fuerzas de seguridad.

Ante la polémica, el Ejecutivo preparó un argumentario interno para fijar su posición. De acuerdo con esa versión, la alerta enviada por el CENIF el 29 de julio a los puestos fronterizos constituía un aviso de riesgo habitual. Pardo Piqueras habría explicado además a Marlaska que desconocía el informe porque la jueza había ordenado a los investigadores que no proporcionasen información sobre las diligencias hasta que posteriormente autorizó su traslado a los superiores jerárquicos.

Interior mantiene por ahora su confianza en el director general de la Policía. Marlaska le había solicitado explicaciones por escrito después de conocerse el documento y, según las fuentes citadas, pretendía dejar constancia de que el Ministerio no disponía previamente de información que apuntase a una vinculación de Marruecos con la planificación de los acontecimientos de Ceuta.

Las discrepancias, sin embargo, también han alcanzado al interior del propio Ejecutivo. ABC asegura que algunos altos cargos consultados cuestionan la explicación ofrecida por Moncloa y sospechan que la actuación de Pardo Piqueras podría responder a una voluntad de «proteger a Marruecos». Estas fuentes aluden a sus relaciones personales y políticas con figuras como el exministro José Bono y José Luis Rodríguez Zapatero, aunque se trata de valoraciones y sospechas atribuidas a esas fuentes, no de conclusiones establecidas por la investigación.

La controversia se centra así en dos cuestiones diferentes: mientras Moncloa recalca que ningún informe policial responsabiliza directamente a las fuerzas de seguridad marroquíes de organizar las entradas, el documento conocido sí recoge referencias a personas vinculadas con esas fuerzas dentro del análisis de quienes podrían disponer de capacidad para intervenir en la planificación. Una diferencia que ha abierto un nuevo frente entre el Gobierno y la investigación judicial sobre lo ocurrido en Ceuta.